La batalla por el acceso a medicamentos oncológicos encontró en Argentina un capítulo revelador que expone las contradicciones del sistema farmacéutico global. Keytruda, el fármaco estrella de Merck que genera casi la mitad de los ingresos del gigante farmacéutico, enfrentó una competencia inesperada cuando el laboratorio local Elea desarrolló el primer biosimilar del mundo basado en pembrolizumab. Este movimiento estratégico desató una guerra de precios que benefició directamente a pacientes y al sistema de salud público.
Merck había construido un imperio alrededor de Keytruda mediante una telaraña de más de 1.400 patentes en 53 países, una estrategia de "evergreening" que extiende el control comercial más allá del vencimiento original. La compañía acumuló 163.000 millones de dólares en ventas desde 2014, destinando 75.000 millones a dividendos para accionistas. Sin embargo, en Argentina la ley de patentes dificulta el registro para farmacéuticas extranjeras, lo que permitió a Elea desarrollar PembroX sin infringir derechos de propiedad intelectual.
La irrupción del biosimilar en enero de 2025 generó un efecto dominó en los precios. En el mercado de farmacias, Keytruda bajó 29% en siete meses. En licitaciones públicas la reducción fue más drástica: de 3.171 dólares por dosis en enero de 2025 a 1.627 dólares en abril de 2026, una caída del 56% que contrasta con la inflación del 40% en el mismo período. El Estado argentino multiplicó por 14 sus compras, pasando de 280 dosis anuales a casi 4.000, expandiendo el acceso al tratamiento.
La competencia transformó el mercado argentino de pembrolizumab, que creció de 50.000 a 80.000 unidades anuales. PembroX capturó más de la mitad del mercado en sus primeros seis meses, demostrando cómo la producción local puede romper monopolios. Elea ya exporta a Paraguay y planea expandirse regionalmente cuando caduquen las patentes de Keytruda en 2028.
Este caso argentino revela la hipocresía del sistema global de precios. Mientras en Estados Unidos un tratamiento cuesta 208.000 dólares, en Argentina bajó a menos de 65.000, evidenciando cómo las farmacéuticas ajustan precios según la capacidad de pago de cada mercado. La investigación del ICIJ descubrió que Merck promueve dosis más altas de lo necesario, costando 5.000 millones anuales adicionales a gobiernos solo en cáncer de pulmón.
La tensión entre protección de patentes y derecho a la salud se agudiza globalmente. El caso argentino muestra que cuando los Estados implementan políticas que priorizan el acceso sobre los monopolios, los resultados son concretos: más pacientes tratados, precios reducidos y sistemas de salud fortalecidos. La pregunta central sigue siendo quién define el valor de una vida y quién tiene derecho a pagarla en un sistema que prioriza ganancias sobre salud pública.
