En Cartagena, durante la ICARRD+20, La Vía Campesina y el Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria desplegaron una potente agenda que redefine completamente el concepto de reforma agraria. No se trata solo de redistribuir tierras, sino de descolonizar territorios, desmercantilizar la naturaleza y construir soberanías populares. La tierra emerge aquí como mucho más que un recurso productivo: es memoria colectiva, futuro comunitario y base de vida.
Los debates expusieron cómo el capitalismo reduce la tierra a mera propiedad privada, ignorando sistemas comunales ancestrales. Danilo Rodríguez, desde Brasil, denunció que los Estados solo reconocen la propiedad individual, violentando las territorialidades kilombolas donde la tierra es colectiva. Kiptoo Washington Barasa documentó la militarización que sufren pueblos indígenas por la mercantilización de sus territorios. La agroecología se reafirma como estrategia política que reconoce a las comunidades como custodias del territorio, integrando ciencia y saberes locales.
Sara Luiza propuso una visión ecosocialista y feminista, exigiendo acceso real de mujeres a la tierra y espacios de decisión. Anuka De Silva demandó una "reforma agraria feminista" que enfrente las barreras estructurales. Joseph Schechla recordó que el desalojo forzoso es crimen internacional sin prescripción. Augus Ruli, desde Indonesia, exigió regulaciones contra el acaparamiento y responsabilidad estatal frente a la degradación ambiental.
Lo que late en esta articulación global es la comprensión de que tierra, agua, bosques y territorios forman un tejido inseparable. La reforma agraria popular exige cambios sistémicos que prioricen soberanía alimentaria y justicia ambiental sobre el lucro corporativo. Los movimientos insisten: las políticas nacen del poder, y ese poder se construye desde abajo, con ocupaciones, acciones directas y aldeas soberanas que prefiguran el mundo posible.
