Desde este 6 de marzo, las empresas podrán imponer jornadas de hasta 12 horas diarias mediante "acuerdo voluntario" escrito, un eufemismo que encubre la presión patronal sobre trabajadores precarizados. Se implementan los llamados "salarios dinámicos", que atan la remuneración al rendimiento individual, fracturando la solidaridad colectiva y abriendo la puerta a la discrecionalidad empresarial. El sistema indemnizatorio sufre un recorte brutal: se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo y vacaciones, estableciendo topes que reducen hasta un 33% las compensaciones por despido.
La ofensiva contra la organización sindical es frontal. Se limita la cuota sindical al 2% del salario, se priorizan los acuerdos de empresa sobre los convenios por rama, y se restringe severamente el derecho a huelga. En servicios esenciales como salud y agua potable, las empresas podrán exigir el 75% de personal activo durante paros; en sectores "trascendentales" como transporte y minería, el 50%. Para realizar asambleas que afecten la operación empresarial, se requerirá autorización patronal previa.
El régimen crea Fondos de Asistencia Laboral (FAL) financiados con aportes patronales, presentados como "garantía" pero que en la práctica transfieren el riesgo a los trabajadores. Se establece un blanqueo laboral que condona hasta el 70% de deudas por aportes no pagados, premiando la evasión histórica. La reforma excluye a trabajadores públicos, domésticos, agrarios y de plataformas, segmentando aún más el mercado laboral.
Esta contrarreforma responde a la lógica neoliberal de flexibilización extrema, donde los derechos conquistados durante décadas de lucha se sacrifican en el altar de la "competitividad". La CGT ya presentó un recurso de amparo, pero la batalla trasciende los tribunales: se libra en cada fábrica, en cada lugar de trabajo donde la dignidad laboral resiste al despojo sistemático. La fragmentación del colectivo trabajador mediante salarios individualizados y la criminalización de la protesta buscan neutralizar la capacidad de resistencia frente a un modelo que consagra la precariedad como norma.
