Argentina parece ser nuevamente escenario de una experiencia político económica del poder hegemónico que no saciará nunca su accionar vampiresco para con el pueblo.
El industricidio que sacude Argentina con el cierre de Fate y otras nueve empresas en febrero no es un fenómeno natural. Es el resultado lógico de un modelo económico que privilegia las importaciones baratas sobre la producción nacional, permitiendo a empresarios “reconvertirse” en importadores, distribuidores, etc, pero sacrificando miles de puestos de trabajo. Stellantis suspende producción, el frigorífico Paty deja en suspensión a 450 trabajadores, Fate cierra y deja a más de mil trabajadores en la calle y Lácteos Verónica cierra tres plantas afectando a 600 empleados, y las cúpulas sindicales se debaten si hacer paro, movilizar, pero no aparece en las posibilidades el ir a ocupar las fábricas, la exigencia con acciones contundentes de un cambio en las políticas públicas que generan estos resultados. El Estado abandona su rol protector de la clase trabajadora, que es la mayoría del mismo Estado, siguiendo la lógica de la desregulación total e importándole nada las leyes y la Constitución Nacional.
Esta destrucción sistemática del tejido productivo y de la clase trabajadora, ocurre en paralelo a un movimiento electoral que debería hacer sonar todas las alarmas democráticas. En Mendoza, menos de la mitad de los electores fueron a votar, y en ese contexto, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consigue el 60% de votos del 47% que acudió a las urnas. Esto significa que menos del 30% del electorado habilita "legalmente" políticas que perjudican al 70% restante.
¿Qué valores sigue mi pueblo? ¿Hacia dónde vamos? Nos preguntábamos en una editorial anterior, y hoy podríamos sumar algunas preguntas más, como ¿necesitamos escarmentar con el arrebato de derechos y el sometimiento a la esclavitud y el sufrimiento para poder reaccionar?
El capitalismo muestra su verdadera naturaleza: no puede convenir a patrones y trabajadores simultáneamente porque sólo uno de ellos se verá beneficiado. La representatividad se convierte en farsa cuando un gobierno elegido por menos de un tercio del electorado implementa políticas que destruyen el trabajo del 100% de la población. Este no es simplemente un gobierno antipopular. Es la expresión terminal de un sistema que ya no puede ocultar sus contradicciones.
El industricidio neoliberal no es accidente, es política deliberada. Las elecciones en Mendoza y el aparente triunfo oficialista, en un contexto de crecientes manifestaciones en defensa del agua, los glaciares y la autonomía en los modos de vida elegidos, también revelan que la legitimidad democrática no se construye con porcentajes matemáticos sino con consenso social (aunque si a vamos al análisis duro de los porcentajes, gobernar con menos de un tercio de votos, no son buenos resultados).
Cuando el capitalismo ya no puede disimular que beneficia sólo a una fracción mínima de la sociedad, la representatividad se pone en tela de juicio. Los trabajadores pagan el precio con sus empleos, las comunidades con su tejido social destruido, y la democracia con su credibilidad erosionada. La pregunta no es cuánto podrán avanzar sin legitimidad, sino cuándo la organización popular -esa que hoy corta rutas, ocupa puertos y prepara paros generales- decidirá que el sistema representativo ha cumplido su ciclo histórico y es hora de construir algo nuevo desde las cenizas de la farsa capitalista.
