La democracia representativa atraviesa una crisis de legitimidad que se manifiesta en múltiples dimensiones. Mientras los gobiernos progresistas realizan cumbres con declaraciones que pocos leen, el capitalismo ejecuta su agenda sin consultas populares. Argentina se ha convertido en un laboratorio donde se prueba cuánta presión económica puede soportar una sociedad antes de reaccionar. Así, gobiernos acceden al poder con porcentajes que no llegan al tercio del padrón electoral toman decisiones que afectan al conjunto de la población.
La situación industrial refleja esta dinámica. Empresas como Fate enfrentan conflictos laborales mientras el Estado parece priorizar la protección de quienes deciden cerrar fábricas antes que la defensa de las personas trabajadoras. En paralelo, la tensión política se manifiesta en escándalos que involucran a figuras gubernamentales, como el caso de los vuelos cuestionados que generan investigaciones judiciales.
La economía completa el cuadro. Por un lado, se eliminan impuestos como el gravamen al lujo para vehículos, generando bajas de precios en algunos sectores. Por otro, la capacidad industrial instalada registra su peor desempeño en una década, según datos oficiales. Las empresas familiares enfrentan el desafío de profesionalizarse mientras crecen, y las pequeñas y medianas empresas alertan sobre posibles cierres masivos.
En este contexto, la organización popular adquiere relevancia fundamental. No como mera protesta, sino como capacidad de gestión concreta del presente y futuro económico. Cuando el sistema institucional permite que gobierne para todos y todas, quien fue elegido por una de cada tres personas del electorado, la legitimidad de las reglas formales entra en cuestión.
La memoria histórica ofrece lecciones valiosas. Países como Portugal, que experimentaron dictaduras, desarrollaron una conciencia colectiva sobre los límites del poder. En Argentina, mientras tanto, pareciera predominar una tendencia a repetir errores del pasado, aunque ahora con el agregado de influencers y redes sociales.
La verdadera pregunta no es cuándo reaccionará la sociedad, sino qué formas de organización podrán construir alternativas viables. En estos tiempos de tensión económica y política, el capitalismo muestra su alma: sirve a los intereses concentrados no respondiendo a las necesidades mayoritarias. La democracia representativa, en su versión actual, se ha convertido en un teatro donde una minoría decide la obra que todos deben protagonizar.
Pero en esas mayorías crecen experiencias que se abren paso a los codazos en los barrios del conurbano y que generan esa organización que no requiere permiso para defender derechos, ocupar espacios productivos o generar economías alternativas. Porque cuando el sistema legal avala la destrucción del trabajo, una agenda propia, una agenda popular que centre a las organizaciones en la construcción y encaminamiento de su presente y futuro haciendo eje en nuestras capacidades, deja de ser una utopía, para transformarse en una necesidad histórica frente a la democracia de minorías.
