La querella de la CTA contra el Circuito Camps sumó un nuevo capítulo al presentarse en Lanús, donde los organismos de derechos humanos siguen empujando para que cada ladrillo de esos centros de horror tenga nombre y apellido en los expedientes. Mientras tanto, en el Pozo de Quilmes se realizó una inspección ocular que busca reconstruir lo que el silencio oficial intentó enterrar.
Ambas acciones judiciales apuntan al mismo núcleo: la necesidad de mantener viva la investigación sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar. La CTA, como querellante, insiste en que no basta con las condenas ya dictadas; hay que seguir sumando pruebas, testimonios y lugares a la causa. La inspección en Quilmes, por su parte, busca documentar las condiciones reales de ese centro clandestino que funcionó en pleno conurbano bonaerense.
Lo que une a estas presentaciones es la certeza de que el terrorismo de Estado no fue un desborde, sino un plan sistemático. Cada pozo, cada comisaría, cada galpón donde se torturó es una pieza de ese engranaje que el neoliberalismo y sus cómplices políticos quieren hacer olvidar. Pero la memoria es tozuda: mientras haya un sobreviviente, un familiar o un organismo que empuje, los pozos seguirán hablando. Aunque tardía, la justicia sigue siendo justicia.
