El presidente Luiz Inácio Lula da Silva adoptó un tono conciliador en el debate sobre el fin de la escala laboral 6x1, defendiendo jornadas diferenciadas por categoría y un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno. En la apertura de la II Conferencia Nacional del Trabajo en São Paulo, Lula prometió no perjudicar a los trabajadores pero tampoco dañar la economía brasileña, buscando una solución "bien pensada y armonizada".
La reducción de la jornada de 44 a 40 horas semanales, bandera electoral del gobierno, enfrenta resistencia del sector productivo que argumenta aumento de costos. Lula planteó que "un entregador de pizza puede querer una escala diferente a la de un trabajador de Volkswagen", defendiendo especificidades por categoría. Esta modulación discursiva busca alcanzar también a quienes se identifican más como microemprendedores que como trabajadores asalariados.
La ministra de Planeamiento, Simone Tebet, fue más contundente: "Decir que Brasil va a quebrar con el fin de la escala 6x1 es no conocer la realidad del país". Citó estudios del Ipea que muestran la viabilidad de la medida. El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, señaló que la economía está "madura" para la reducción, aunque reconoció impactos en costos empresariales. Marinho adelantó que el gobierno podría enviar un proyecto de ley con urgencia al Congreso si el tema no avanza con la velocidad deseada.
El vicepresidente Geraldo Alckmin enfatizó que "el ser humano no es máquina" y destacó que Brasil vive la menor "tasa de desconforto" de su historia, combinando baja inflación con bajo desempleo. Lula criticó la desigualdad en plataformas digitales, señalando que algunos empresarios "tienen más dinero que el PIB de muchos países pobres".
La posición de Lula refleja la complejidad de gobernar en un contexto donde las demandas históricas del movimiento obrero chocan con las realidades económicas y la presión empresarial. Su discurso más moderado que el de sus ministros sugiere una estrategia de negociación que busca evitar confrontaciones radicales, aunque mantiene la promesa de no repetir prácticas donde "los empresarios se utilizaban del peso del Estado para perjudicar a los trabajadores". El desafío será construir un consenso que no diluya la esencia de una reforma laboral progresista.
