Veamos de qué se trata. La Secretaría nacional de Discapacidad (anteriormente Agencia Nacional de Discapacidad – Andis) es un organismo estatal. Se creó mediante el Decreto 942/2025 y desde ahora es un organismo que pasa a depender del Ministerio de Salud.
Funciones:
● Asume el diseño, coordinación y ejecución de políticas, incluyendo la administración de pensiones y prestaciones con un enfoque de auditorías y control.
● Cambio estructural: Implica reducción del 45,7% de la estructura jerárquica y la derogación de normas anteriores de ANDIS. La medida se da en el marco de la prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre del 2026.
● Pérdida de jerarquía y autonomía: Al dejar de ser un organismo descentralizado con autarquía, la capacidad de gestión y decisión propia se ve limitada, quedando supeditada al Ministerio de Salud.
● Modelo Médico vs. Social: Es el retorno al modelo médico-hegemónico, que prioriza la enfermedad sobre la persona y sus derechos, contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
● Debilitamiento de políticas transversales: Se teme la pérdida de enfoque en áreas clave como educación, empleo inclusivo y accesibilidad integral, al concentrarse las funciones sólo en la cartera sanitaria (Fuente: @observatoriodiscapacidadmza).
Con estas funciones lo único que podemos esperar desde la creación de este organismo es continuar con las políticas ANTI derechos. Es lamentable con los años que costó llegar al modelo social de la discapacidad, años para poder tener la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional y tener que volver muchos años atrás como si nos metiéramos en la máquina del tiempo. O en el auto de la película Volver al futuro. Pero esta vez la realidad supera a la ficción, y cada cambio de este tipo, nos lleva a toda la población con discapacidad a una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión. Otra vez el Recurso de Amparo como herramienta para defender, cada uno de nuestros derechos vulnerados en cada ámbito. Las miradas despectivas, la infantilización, el ignorarnos y hablarle al acompañante. Todo eso es parte del modelo médico hegemónico. Vuelve la caza de brujas con las pensiones no contributivas (PNC). Y tener que escuchar gente que ignora la situación y te dice: “Con la plata que le dan a los discapacitados y salen a marchar”. Sí hay “gente” que dice eso. Recalco: ¡NO SOMOS DISCAPACITADOS SOMOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!
Y que quede bien claro: no nos “dan plata”, hay PcD (Persona con Discapacidad) que por situación socio ambiental desfavorable o situación de vulnerabilidad solicita la pensión. Pensión que asciende al 70% del valor de la jubilación mínima. Considero que NADIE tiene ningún derecho ni aval para cuestionar el otorgamiento de una pensión. Ya que esa PcD, para obtenerla, debe primero obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y luego “calificar” para que se le otorgue la PNC (Pensión No Contributiva). Según la Convención y según nuestro marco normativo, Conadis, luego Andis (organismo autárquico creado en 2017 y disuelto por la corrupción en la cual está implicada el Gobierno de turno, las coimas de la Secretaria Gral de Presidencia Karina Milei) Hoy en día es la Secretaría de Discapacidad, se llame como se llame, DEBE velar por nuestros derechos; deben ocuparse de las políticas públicas para que obtenga los derechos consagrados en la Constitución Nacional para todos los ciudadanos y priorizar nuestra Convención, para garantizar el acceso a una calidad de vida que nos permita transitar una vida sin tantas barreras. Cabe recordar que desde que se crearon las leyes y la Convención, Argentina adhiere y les otorga jerarquía constitucional.
Hoy, la PcD que no cuenta con esos recursos y que el órgano competente para su protección y promoción de sus derechos, no se ocupa, queda sola y sin poder acceder a lo que le corresponde.
Semana tras semana me llegan mensajes de PcD que les suspendieron la Pensión o bien que la necesitan y obvio, este gobierno NO se la otorga. Dilación tras dilación, excusa tras excusa, incumplimiento tras incumplimiento, pasan los meses y pasan casi 3 años de esta gestión, que destruyó el Estado y con él nuestros derechos y garantías constitucionales, desreguló leyes que iban en consonancia con nuestra Constitución Nacional (teniendo en cuenta además, que la Constitución Nacional tiene una visión un poco parcial ya que apunta a la ciudadanía en mejor posición socioeconómica).
Nos encontramos con la SENADIS, un organismo que no cumple con lo que debería, ni siquiera con la orden judicial, como en el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En otra columna explicaba que se presentó esta Ley para obligar al Poder Ejecutivo, a que su Jefe de Gabinete de Ministros disponga la partida presupuestaria correspondiente, para que se garanticen las prestaciones, medicamentos y apoyos para las PcD. La situación es cada vez más compleja. Según organismos de la sociedad civil, han suspendido aproximadamente entre 110.000 y 120.000 pensiones. Con la premisa de revisar porque había un crecimiento excesivo de otorgamientos, claro porque dentro del modelo social de la discapacidad, otorgar una pensión para sostener lo mínimo de las necesidades vitales de una PcD significa algo irregular para quienes sólo quieren RECORTAR GASTOS, y nosotros somos ese gasto. Sin embargo, seguimos viendo cada vez más vulnerados nuestros derechos, sin acceso a lo fundamental: Salud, Educación, Trabajo y Vivienda. Y como estamos en una sociedad violenta, individualista y que nos ignora, seguimos tratando de visibilizar nuestra situación. Y esperando que SENADIS haga algo de lo que le corresponde… Mientras, seguimos contabilizando las víctimas, porque SIN INGRESOS, SIN ACCESO A LO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR, HAY MUERTE. SÍ, CONTAMOS MUERTOS, QUE NO RECIBIERON SU PENSIÓN, QUE SE LAS SUSPENDIERON Y SE ENFERMARON.
No por ser personalista, pero tomando mi situación como ejemplo de muchos, yo estuve 13 meses sin mi pensión, llevo 7 meses tratando la anemia, secuela de estar sin ingresos, desde julio del 2022 a la fecha no pude tener tratamiento para mi discapacidad y los terribles dolores que sufro 24/7, desde que me provocó las lesiones el violento al cual, aún sobrevivo. Y otro dato extraño, en mi caso: se me notifica y se me quita pensión, pero la auditoría para realizar esa quita se hizo casi 6 meses después. Es decir: primero te quitan la pensión y luego de 6 meses analizan si debían quitarla o no. Y NADIE te notifica al respecto. Como dije en los móviles de los canales de TV y en los programas que me entrevistaron al salir de ANDIS: Me citaron para auditoria en agosto del 2024, me quitaron la pensión en diciembre del 2024, inicié el reclamo, no había novedades en los meses siguientes pero en agosto del 2025 me entero al ir personalmente a presentar un pronto despacho que la auditoría se realizó en mayo del 2025. ¿Conmigo ausente y sin notificarme se hizo mi auditoría? Y tuve que hacer un Recurso de Amparo para que me devuelvan mi pensión. Creo que a uds. como a mí, nos resulta extraño que procedan antes de auditar, y que auditen sin mí y sin notificación previa. Este sábado pasado ocurrió otro caso de suspensión de la pensión, en una provincia, a una PcD con retraso mental. Como casi todos los días, una PcD con uno más de sus derechos vulnerados y su vida en riesgo. Esta situación es INADMISIBLE, INTOLERABLE y DEMASIADO INJUSTA. ¿Hasta cuándo se permitirá este accionar casi criminal hacia uno de los sectores vulnerables de la sociedad?
