El campo guatemalteco lleva tres décadas gobernado por el hambre y el abandono. Así lo plantean el Comité Campesino del Altiplano y el Comité de Unidad Campesina en un pronunciamiento fechado el 2 de septiembre de 2026, donde sostienen que la falta de lluvia, los desalojos violentos y el incumplimiento del Acuerdo Agrario no son fenómenos separados.
El Niño golpeó con fuerza este año: 69 días sin precipitaciones, una reducción del 33% en la primera temporada de lluvias, la marca más severa de los últimos 76 años. Hay 138 municipios con pérdidas de cultivos, 236.447 familias afectadas y más de 13.900 casos de desnutrición aguda. El MAGA vigila 112 municipios de 16 departamentos, entre ellos Escuintla, Quiché e Izabal.
La falta de agua no golpea parejo. La sufren quienes fueron empujados a los suelos más marginales, campesinos despojados de sus derechos ancestrales que cultivan para subsistir. Bajo la gestión de Bernardo Arévalo se ejecutaron 14 desalojos violentos con respaldo de un sistema judicial que criminaliza a las comunidades en favor de empresas extractivistas y monocultivos.
El 14 de febrero de 2024 el propio Ejecutivo firmó el Acuerdo Agrario y se puso un plazo: cumplirlo en los primeros 100 días de mandato. Más de dos años y medio después, ese calendario mide su incumplimiento. El relator especial Balakrishnan Rajagopal pidió en 2025 una moratoria urgente sobre los desalojos. No fue escuchada.
Los comités exigen el cese de los desalojos, medidas inmediatas contra la sequía y el reimpulso del acuerdo en los 15 meses que restan de gobierno. La concentración de la tierra arrebata las mejores; los desalojos quitan hasta las peores.
