Más de cien organizaciones nacionales, once organismos internacionales y setenta activistas de derechos humanos denuncian la violencia estructural ejercida contra defensores ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El manifiesto conjunto "Tariquía no se toca, la vida se defiende" expone la sistemática criminalización de quienes se oponen a proyectos hidrocarburíferos que amenazan este ecosistema vital desde hace más de una década.
Cerca de veinte defensores enfrentan procesos penales, en una clara estrategia de desgaste judicial que busca desincentivar la protesta. Las organizaciones bolivianas recalcan que defender la Madre Tierra no es delito y señalan que estas acciones violan flagrantemente el Acuerdo de Escazú, tratado regional que Bolivia ratificó en 2021 pero que carece de reglamentación efectiva. La reactivación de exploraciones responde a la crisis del sector hidrocarburífero boliviano, con caída de reservas y exportaciones, lo que ha llevado al Estado a intensificar la búsqueda de nuevos yacimientos a cualquier costo ambiental.
La reserva de Tariquía, creada en 1989 y elevada a ley en 1992, abarca 246.870 hectáreas en el departamento de Tarija. Es refugio de especies amenazadas como el oso Jucumari y cumple funciones cruciales en la regulación hídrica de los ríos Tarija y Bermejo. El Decreto Supremo 2366 de 2015 abrió formalmente la puerta a actividades extractivas en áreas protegidas bajo el argumento de interés nacional, priorizando un modelo basado en exportación de materias primas sobre la protección ambiental.
Las comunidades exigen la anulación de procesos penales, la salida inmediata de Petrobras y la fuerza pública de la reserva, y una revisión de todas las licencias ambientales emitidas. Esta resistencia marca un punto de inflexión en la defensa de territorios indígenas frente a la avanzada extractivista que profundiza vulnerabilidades en nombre del desarrollo. La lucha en Tariquía simboliza el pulso entre modelos de vida comunitarios y la lógica depredadora del capital, donde la criminalización de defensores ambientales revela la verdadera cara del poder cuando se cuestionan sus intereses económicos.
