Las voces de las víctimas resonaron con fuerza demoledora en el Tribunal Oral Federal de Rosario. Sabrina Ortiz, con su hijo Ciro con 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir y su hija Fiamma con 100 veces más, relató cómo el agronegocio transformó su vida en un infierno tóxico. "Cuando se te muere un hijo en la panza ya no tenés nada que perder", declaró ante los siete productores y dos funcionarios municipales acusados.
El juicio, que demoró ocho años en llegar, desnuda la complicidad estatal y la impunidad empresarial. Ortiz sufrió dos ACV y perdió un embarazo de seis meses tras una fumigación. Su familia acumula glifosato y otros agrotóxicos en niveles alarmantes, confirmados por estudios toxicológicos. Las pericias detectaron 45 plaguicidas peligrosos en suelo y 18 en agua, contaminando incluso el acuífero Puelche que abastece a la región.
Alejandra Bianco, otra querellante, documentó más de 40 vecinos enfermos en su barrio Santa Julia. Su pareja murió de cáncer en 2020. "El intendente municipal, Javier Martínez, eligió no mirar las historias clínicas que le presenté", denunció. Los funcionarios procesados, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, son acusados de incumplir sus deberes al permitir fumigaciones sin control desde 2015.
Este proceso marca un precedente crucial: por primera vez en Buenos Aires se juzga penalmente el entramado completo del agronegocio. Los acusados enfrentan hasta diez años de prisión por envenenamiento ambiental según la Ley de Residuos Peligrosos. La fiscalía construyó un caso sólido con pruebas de daño genotóxico y presencia de agrotóxicos en cuerpos humanos.
Las víctimas, convertidas en luchadoras, rompieron el silencio que el poder económico impone en Pergamino, "la perla del norte" del agronegocio concentrado. Ortiz estudió abogacía para representarse ante la falta de defensa legal. Sufrió amenazas, ataques y persecución, pero persistió. Su testimonio, junto al de decenas de afectados, expone cómo el modelo extractivista sacrifica vidas humanas en el altar de la rentabilidad.
El sistema judicial, tradicionalmente renuente a avanzar contra estos delitos ambientales, ahora tiene la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia. La próxima audiencia será el 25 de febrero, donde declararán los funcionarios municipales imputados. La comunidad espera que la justicia priorice la salud sobre los negocios, estableciendo que ninguna actividad económica está por encima del derecho a un ambiente sano.
