Las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc enfrentan una batalla existencial contra la minería de litio que avanza en la Puna argentina. En esta región semiárida donde el agua es más preciada que cualquier mineral, las empresas extractivas operan sin el consentimiento libre e informado de quienes habitan el territorio desde tiempos ancestrales. El conflicto expone las tensiones entre un modelo de desarrollo extractivista y la defensa de los derechos territoriales indígenas.
Franco Vedia, conocido como "Levi Callata", vive en la comunidad de Tusaquillas, Jujuy, donde la ganadería y agricultura sustentan la vida comunitaria. "La Puna es una zona semiárida, el agua no es abundante, es un recurso muy preciado porque no está en todos lados, sino que es subterránea y se la puede ver en los humedales", explica. Para Vedia, la minería representa "un uso muy irresponsable, muy desmedido, sin garantías de protección ni reparación".
Clemente Flores, presidente de la comunidad indígena El Angosto, denuncia que las empresas mineras "están extrayendo para salvar al mundo de los impactos del cambio climático utilizando los minerales para tecnologías renovables. Pero nosotros queremos estar incluidos entre quienes se salvarán, no ser sacrificados para salvar a otros". Las comunidades gestionan el agua de forma comunitaria, regulando cuánto pueden cultivar, cuántos animales pueden tener y moldeando su forma de vida y costumbres.
La falta de consulta previa viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Las comunidades desarrollaron el protocolo Kachi Yupi - Huellas de la Sal, un procedimiento de consulta y consentimiento diseñado por las comunidades kolla y atacama, pero el gobierno provincial lo ignora sistemáticamente. "No puede haber un diálogo eficiente si una de las partes no está dispuesta a escuchar", afirma Vedia.
El avance de proyectos como el de POSCO Argentina en el Salar del Hombre Muerto, que según fuentes oficiales generaría 5.000 puestos de trabajo, contrasta con las denuncias de las comunidades sobre la falta de transparencia. Flores señala que al revisar estudios de impacto ambiental "no mencionaban la existencia de nuestras comunidades", lo que genera confusión sobre cómo podrían no estar reflejados en los impactos si forman parte del territorio.
La situación refleja un patrón de despojo donde el Estado privilegia los intereses corporativos sobre los derechos territoriales indígenas. Las comunidades han logrado inscribir su territorio como "Territorio de Vida" en el Registro TICCA, visibilizando su papel central en la protección de humedales amenazados por la demanda de minerales del Norte Global. Sin embargo, la presión extractivista continúa, evidenciando cómo la transición energética global reproduce las mismas lógicas coloniales que pretende superar, sacrificando pueblos y ecosistemas en nombre del progreso tecnológico.
