La corporación Bayer anunció un acuerdo masivo de 7.250 millones de dólares para resolver todas las demandas actuales y futuras contra su filial Monsanto por el herbicida Roundup, basado en glifosat. Este pacto, que debe ser aprobado por un tribunal de Missouri, representa un intento desesperado del conglomerado alemán por poner fin a una crisis legal que ya le ha costado más de diez mil millones adicionales en compensaciones anteriores.
El acuerdo abarca un período de hasta 21 años y busca crear "un camino claro" para salir de la incertidumbre jurídica, según el CEO Bill Anderson. Sin embargo, Bayer mantiene su postura negacionista: insiste en que el glifosat es "seguro" y "una herramienta importante para agricultores en todo el mundo", contradiciendo las clasificaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS que lo califican como "probablemente cancerígeno para humanos".
La contradicción es evidente: pagan miles de millones pero niegan responsabilidad. Este patrón corporativo revela cómo las multinacionales priorizan la estabilidad financiera sobre la salud pública. Las víctimas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y comunidades rurales expuestas durante décadas, obtienen compensaciones económicas pero no reconocimiento de culpa.
El mercado reaccionó con euforia: las acciones de Bayer subieron 7,4% tras el anuncio. Esta respuesta bursátil expone la lógica perversa del capitalismo corporativo, donde el sufrimiento humano se traduce en oportunidades de inversión. El acuerdo, aunque monumental, no resuelve el problema de fondo: un modelo agroindustrial que depende de químicos potencialmente letales y externaliza sus costos sanitarios hacia las poblaciones más vulnerables.
