La paradoja es brutal: Perú se posiciona como potencia minera global, segundo productor de zinc y tercero de cobre, pero esa bonanza tiene un costo humano escalofriante. Más de 10 millones de personas viven expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias tóxicas vinculadas a actividades extractivas. Frente a esta crisis sanitaria de dimensiones catastróficas, el Estado responde con migajas: apenas 20 millones de soles asignados en 2025, lo que equivale a dos miserables soles por cada persona afectada.
El estudio de Oxfam "Mujeres en tiempos de transición energética" desnuda la hipocresía del discurso verde. La demanda creciente de minerales estratégicos para la transición energética se sostiene sobre territorios envenenados y un sistema de salud colapsado. La contaminación minera genera enfermedades crónicas que transforman la vida de comunidades enteras, con impactos diferenciados que recaen con especial crudeza sobre las mujeres.
La carga del cuidado se feminiza de manera obscena. En hogares rurales con personas dependientes por enfermedades relacionadas a metales pesados, las mujeres dedican en promedio 55.6 horas semanales a cuidados no remunerados, más del doble que los hombres. Cuando ellas son jefas de hogar, esta diferencia puede quintuplicarse. Los costos económicos son devastadores: estos hogares gastan 2.5 veces más que aquellos sin afectados, con un incremento del 50% en sus gastos anuales entre 2015 y 2023.
La exposición tóxica tiene efectos específicos en la salud femenina, con mayor absorción de mercurio que representa riesgos graves durante el embarazo, incluyendo abortos espontáneos y partos de alto riesgo. La respuesta estatal sigue siendo fragmentada e insuficiente: en 2023 solo se atendió al 10% de la población expuesta, dejando a millones sin diagnóstico ni tratamiento adecuado.
La transición energética no puede construirse sobre el sacrificio de comunidades enteras. Urge una política pública integral con enfoque territorial, intercultural y de género que priorice la prevención, atención y reparación, reconociendo el impacto desproporcionado sobre mujeres y poblaciones rurales. El modelo extractivista muestra su verdadero rostro: envenena para exportar minerales mientras abandona a su suerte a quienes habitan los territorios sacrificados.
