La historia industrial de FATE parece escribir su último capítulo, aunque la trama judicial le agregó un giro inesperado. La empresa envió los telegramas de despido a los últimos trabajadores que resistían el cierre de la planta en San Fernando, un grupo compuesto mayoritariamente por delegados sindicales que sostenían la ocupación fabril. Pero apenas unos días antes, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo había dictado un fallo que contradice la versión del final definitivo: rechazó el recurso de la patronal y ratificó que 968 operarios tienen derecho a cobrar sus salarios caídos y a ser reincorporados.
El conflicto combina dos realidades paralelas que chocan de frente. Por un lado, la empresa consumó las desvinculaciones del grupo remanente que aún ocupaba la planta, argumentando que la actividad fabril se volvió inviable por la competencia china, los costos internos y el conflicto sindical. La gestión de Javier Milei, lejos de intervenir para sostener la producción, avaló la lógica del mercado: si una empresa no puede competir, el Estado no debe protegerla. Del otro lado, la Justicia laboral le ordenó a FATE pagar los haberes adeudados hasta julio de 2026 y reabrir la planta para reincorporar a los 968 trabajadores que estaban bajo convenio colectivo desde mayo de 2025.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) celebró el fallo como un espaldarazo a la lucha obrera y convocó a todos los operarios alcanzados a presentar su firma para ejecutar el cobro de los salarios caídos y exigir la reapertura. La empresa, en cambio, insiste en que la planta no puede volver a producir porque los costos superan los precios de los neumáticos importados, especialmente los provenientes de China.
El desenlace de esta pulseada dejará marcas profundas. Más allá de las disputas ideológicas entre el sindicalismo combativo y el modelo libertario, hay 968 familias que perdieron su fuente de ingreso y una planta cerrada en una zona históricamente industrial. La Justicia dijo que deben volver. La empresa dice que no puede. El medio queda atrapado entre el derecho laboral y las reglas de un mercado que, sin protección estatal, devora la industria nacional.
