Brasil acaba de atravesar los diez años más violentos de su historia reciente en el campo. Según el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre 2016 y 2025 se registraron 14 masacres y 374 asesinatos de personas que luchan por tierra y territorio. Los números no son fruto del azar: responden a un modelo que privilegia al agronegocio sobre los derechos de los pueblos.
La violencia se concentra en Pará, Rondônia y Maranhão. Pero el informe pone el foco en el Matopiba, la frontera agrícola que abarca Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, definida como una "zona de sacrificio". Allí, el Cerrado es arrasado para expandir monocultivos sobre territorios indígenas, quilombolas y de comunidades tradicionales. En esa región, Maranhão lidera los asesinatos con 29 muertes en una década, siendo indígenas y quilombolas los principales blancos.
La CPT denuncia que la impunidad no es una falla del sistema, sino un engranaje clave. "Sin punición a ejecutores, mandantes y financiadores, la expulsión de comunidades sigue siendo el método para liberar tierras", afirma Carlos Lima, coordinador de la entidad. El Estado aparece como sostén de este modelo: no hace reforma agraria, no demarca territorios indígenas ni reconoce tierras quilombolas. En ese vacío, fazendeiros, empresarios y grileiros avanzan con total libertad.
Lo más grave es que estas muertes podrían haberse evitado. El relatório subraya que Brasil tiene un sistema de justicia en funcionamiento, pero la voluntad política brilla por su ausencia. La indignación crece al constatar que el Estado elige mirar para otro lado. Mientras el agronegocio acumula tierras y ganancias, los cuerpos de quienes defienden el derecho a la tierra se acumulan en las estadísticas. La lucha sigue, pero el costo es cada vez más alto.
