El gobierno de José Antonio Kast enfrenta su primera gran tormenta política. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó un plan de ajuste que propone recortar cerca de 260 programas públicos, incluyendo la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, la gratuidad universitaria, el Bono Invierno y la Asignación Familiar. La medida contradice directamente las promesas de campaña del propio Kast, quien aseguró que no tocaría estos beneficios.
La circular N°16 del Ministerio de Hacienda, emitida para la formulación del Presupuesto 2027, recomienda descontinuar programas del Ministerio de Educación, entre ellos el PAE que alimenta a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes. La reacción fue inmediata: un grupo transversal de diputados del PC, PS y DC recurrió a UNICEF para denunciar lo que califican como una vulneración del derecho a la alimentación infantil. "Acá se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar dinero a costa de los niños", disparó el diputado Luis Cuello (PC).
El ajuste no se detiene ahí. Según reveló Ciper, Hacienda recomendó reducir al menos un 15% la PGU, pese a que Kast prometió en campaña que "no se afectarían beneficios como la PGU". El plan también impacta en becas estudiantiles (Vocación de Profesor, Juan Gómez Millas), los Liceos Bicentenario, el Museo Interactivo Mirador, Corfo y programas de Seguridad, Deporte, Mujer y Transportes. El ministro Quiroz insiste en que no se tocarán beneficios sociales, pero los oficios internos sugieren exactamente lo contrario.
La contradicción entre el discurso y los hechos del gobierno de Kast es cada vez más difícil de sostener. Prometió orden fiscal sin sacrificar derechos, pero la letra chica del ajuste apunta directo a los sectores más vulnerables. La ciudadanía observa con atención: el verdadero costo de la austeridad no se mide solo en cifras, sino en platos de comida que dejarán de servirse y en pensiones que no alcanzarán para fin de mes.
