El Gobierno nacional aplicó una multa récord de 21.241.500.000 pesos al sindicato ferroviario La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, por haber adherido al paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero. La sanción fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, que argumentó que el gremio incumplió una conciliación obligatoria dictada días antes del paro.
La medida se conoce en un contexto de creciente conflictividad social y sindical. La Fraternidad venía denunciando el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema ferroviario, y Maturano había advertido que "están mandando al ferrocarril a la tumba". La multa aparece como una respuesta directa a ese nivel de confrontación con la política de transporte del régimen de Javier Milei.
Desde el campo jurídico laboral, las críticas fueron contundentes. El abogado Matías Cremonte calificó la sanción como "ilegal y fascista", señalando que "el ejercicio de un derecho jamás puede ser considerado un delito" y que el paro en cuestión fue general, sin relación con la conciliación obligatoria.
La ofensiva contra La Fraternidad se inscribe en un plan más amplio de disciplinamiento sindical, que incluye la judicialización de la reforma laboral y el avance sobre derechos históricos de los trabajadores. La historia demuestra que criminalizar la protesta no elimina los conflictos: los profundiza.
