La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) dio un paso contundente al presentar una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El motivo: una crisis de regresividad institucional y presupuestaria que califican como "sin precedentes". No es para menos. La casa de altos estudios, que nació en 2008 como un proyecto de desarrollo regional, enfrenta un ahogamiento financiero que amenaza con desmantelar su estructura.
El reclamo no es menor. La UNRN sostiene que el desfinanciamiento sistemático vulnera derechos fundamentales como el acceso a la educación superior. La decisión de llevar el caso a un organismo internacional refleja la gravedad de la situación: cuando los canales domésticos se agotan, toca golpear puertas globales. La universidad denuncia que el ajuste no solo recorta partidas, sino que implica una regresión en materia de derechos adquiridos, algo que debería estar blindado por tratados internacionales.
Detrás de esta crisis hay una decisión política clara. El régimen de ajuste que azota a las universidades públicas argentinas no discrimina: afecta salarios docentes, becas estudiantiles, proyectos de investigación y la infraestructura necesaria para el funcionamiento cotidiano. En el caso de la UNRN, con sedes distribuidas en el Alto Valle, la Zona Andina y la Costa Atlántica, el golpe es particularmente duro porque la universidad es un motor de desarrollo en una provincia que apuesta a la descentralización educativa.
Lo que la UNRN pone sobre la mesa ante la ONU es una advertencia que trasciende lo presupuestario. La regresividad institucional implica un retroceso en la calidad democrática: menos universidad pública significa menos pensamiento crítico, menos ciencia, menos movilidad social ascendente. La denuncia internacional busca generar presión para que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones constitucionales y convencionales.
La jugada de la UNRN es audaz pero necesaria. En un contexto donde el discurso oficial demoniza a la universidad pública, acusándola de privilegiada o ineficiente, la respuesta de la comunidad universitaria rionegrina es elevar la voz a nivel global. No se trata de un capricho burocrático, sino de la defensa de un derecho que, una vez perdido, cuesta décadas recuperar.
