En la Montaña de Guerrero, la niñez indígena aprende a sobrevivir antes que a leer. Desde que nacen en pisos de tierra, dentro de jacales derruidos, cargan con los estragos de la desnutrición, la insolación y la ausencia total de atención médica. El machete y el azadón reemplazan al lápiz y al cuaderno. Cortar leña para el fogón es la rutina diaria. Para el gobierno resulta oneroso garantizar educación; para los empresarios, es más redituable contratar personas analfabetas dispuestas al sacrificio extremo por un salario miserable.
La muerte ronda cada hogar. Los feminicidios se multiplican en Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Alcozauca. Los perpetradores son funcionarios municipales, policías y parejas que compran la justicia. En Loma Tuza, una bebé quedó pegada al pecho de su madre, asesinada a machetazos tras una violación tumultuaria instigada por su pareja. Las autoridades son cómplices por su indolencia.
Los grupos criminales han subvertido el orden: instalan retenes, desaparecen a quienes denuncian, impiden la entrada del Ministerio Público y restringen el paso al Ejército. Los gobiernos municipales de la zona me'phaa forman parte de esta red. La población queda expuesta al fuego cruzado, las balas perforan techos y los drones explotan en las viviendas.
Fredy, de 16 años, salió a recargar su celular en 2016. Se lo llevaron hombres armados. Su papá pagó multa por pedir auxilio. Fredy sigue desaparecido. Yulitzi, de 6 años, armaba crucigramas en el piso. Desapareció con su mamá y su abuela en 2018. Esmeralda, de 7 años, con epilepsia y dificultades para caminar, fue sustraída de la puerta de su casa en 2023. Lucila, Alondra, Raquel y María Isabel —de 12 y 4 años— completan una lista que no deja de crecer.
El Estado ha sucumbido ante los grupos criminales. No preserva la vida de las infancias de la Montaña ni sanciona a los responsables. Cuántas víctimas más deberán desaparecer para que alguien, desde el poder, decida mirar.
