La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó el 12 de mayo una iniciativa que tipifica el delito de lesa humanidad con un objetivo claro: extender la impunidad a los responsables de violaciones a derechos humanos. La propuesta, impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, obtuvo 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
La legisladora Ruth Luque denunció que esta normativa busca "extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte". Según su intervención, el proyecto pretende liberar de responsabilidad a quienes actualmente enfrentan investigaciones y juicios por crímenes de lesa humanidad. Cuestionó además la celeridad con que se priorizó la iniciativa, advirtiendo que transmite un mensaje claro: las víctimas no accederán a justicia ni reparación.
Rospigliosi, por su parte, justificó la medida asegurando que busca corregir "injusticias" contra militares y policías investigados. La sesión estuvo marcada por burlas del fujimorista hacia Luque, la única voz opositora en el debate.
Detrás de esta maniobra legislativa se esconde una estrategia política peligrosa. El régimen de Dina Boluarte enfrenta denuncias por la represión violenta de protestas sociales, y este proyecto funciona como un blindaje preventivo. La historia latinoamericana demuestra que cuando los Estados criminalizan a quienes buscan justicia, la democracia se vacía de contenido. Las organizaciones de derechos humanos ya han alertado que esta ley representa un retroceso gravísimo. La impunidad no es un error técnico: es una decisión política que protege a los perpetradores y abandona a las víctimas.
