La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi lanzó una alerta desesperada: al 11 de mayo de 2026, el Estado chileno no ha transferido ni un peso del presupuesto anual asignado para este año. El convenio firmado con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) lleva cuatro meses atascado en la Contraloría General de la República, que lo ha devuelto con observaciones en tres oportunidades y va por su cuarto reingreso. La situación es inédita y pone en riesgo la continuidad del espacio que fue el Cuartel Terranova de la DINA, por donde pasaron cerca de 4.500 prisioneros políticos durante la dictadura.
Las y los trabajadores del sitio de memoria llevan meses sin recibir sus remuneraciones completas. Francisca Insunza, dirigenta sindical, fue clara: "Hoy la situación nos está afectando directamente en nuestros hogares". El sindicato emitió una declaración donde subraya que trabajar en Villa Grimaldi "no es un trabajo cualquiera", sino un compromiso ético con cada persona que cruza sus puertas. Pese a los atrasos salariales, el equipo ha mantenido las funciones, sosteniendo visitas guiadas y actividades educativas que durante 2025 recibieron a más de 25 mil personas, 8 mil de ellas estudiantes.
La Contraloría ha solicitado modificaciones de detalle que, según la corporación, "debieron haber sido resueltas en la primera oportunidad". El SERPAT ha corregido el convenio cada vez, pero el organismo contralor insiste en observaciones sobre un documento que en lo sustantivo no ha cambiado. La corporación denuncia una "falta de sentido de urgencia y oportunidad" por parte de la Contraloría, institución que si bien debe fiscalizar la legalidad de los actos públicos, parece olvidar que la memoria histórica no puede esperar los tiempos de la burocracia.
Lo que está en juego excede las condiciones laborales de un puñado de trabajadores. Villa Grimaldi fue el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en toda Sudamérica tras el fin de la dictadura. Su existencia es parte de las obligaciones del Estado chileno en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición. La crisis actual evidencia la fragilidad con que operan estos espacios y la ausencia de políticas públicas permanentes para su resguardo. El derecho a la memoria no es un lujo ni un gasto: es una herramienta fundamental contra el negacionismo y la impunidad. Si el Estado permite que Villa Grimaldi cierre por un trámite, estará traicionando no solo a las víctimas y sus familias, sino a toda una sociedad que eligió recordar para no repetir.
