El colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudió la designación de Graciela Figueredo como asesora jurídica del Comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. Esta decisión, avalada por la Ministra de Defensa Sandra Lazo, constituye un agravio directo a la histórica lucha por la Memoria, Verdad y Justicia que sostiene nuestro pueblo. Figueredo es reconocida por ejercer la defensa técnica de numerosos militares condenados por delitos de lesa humanidad y por utilizar chicanas judiciales para dilatar los procesos de castigo. La organización advierte que esta medida dinamita cualquier construcción real de garantías de no repetición dentro de las instituciones armadas.
La trayectoria de la funcionaria incluye participaciones en foros de ultraderecha donde cuestiona el valor de los testimonios de las víctimas. Figueredo sostiene que existe una ausencia de pruebas en las causas vinculadas al terrorismo de Estado, deslegitimando investigaciones judiciales, pericias y reconstrucciones históricas. Resulta especialmente violento que quien actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada integre ahora el despacho de la máxima autoridad militar del país. Esta incongruencia gubernamental refuerza el silencio cobarde de una institución que todavía se niega a asumir su responsabilidad institucional por el despojo y la tortura.
La postura de la ministra Lazo intenta licuar la responsabilidad institucional al sugerir que los reclamos deben dirigirse hacia personas individuales. Este planteo ignora que las estructuras castrenses continúan respaldando a sus colegas criminales de manera sistemática. No es posible avanzar en la sanación de la sociedad con discursos negacionistas ocupando espacios de poder real. La democracia exige coherencia ética y una ruptura definitiva con el pasado autoritario que anida en los cuarteles. La lucha de les familiares sigue siendo el único refugio de dignidad frente a una gestión que prefiere el olvido. Solo la organización popular podrá frenar este avance del revisionismo que pretende reciclar la impunidad bajo nuevos ropajes burocráticos.
