La meseta chubutense vuelve a ser el epicentro de un conflicto donde la voracidad extractivista choca contra la resistencia popular. El asesor Santiago Caputo calificó la extracción de 300.000 toneladas de uranio como una prioridad nacional, aunque expertos de la industria aclaran que las reservas identificadas rondan en realidad las 30.000 toneladas.
Esta ofensiva se apoya en el "Súper RIGI", un régimen de privilegios que reduce el impuesto a las ganancias al 15% y garantiza estabilidad por 30 años, beneficios que ningún trabajador percibe.
Mientras el ejecutivo nacional emula el modelo de Neuquén para atraer divisas, la minera canadiense Jaguar Uranium ya realiza perforaciones en Laguna Salada con una celeridad providencial sorprendente.
Los proyectos Cerro Solo y Laguna Salada enfrentan el obstáculo legal de la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto, aunque las empresas intentan reinterpretar la norma alegando que el uranio no utiliza cianuro.
Para les defensores del territorio, esto es una falacia que ignora los residuos radiactivos que perduran miles de años.
Para los pueblos Mapuche y Tehuelche, remover el uranio rompe el equilibrio del Minche Mapu (vida bajo la tierra) y despierta el enojo de la Serpiente Arcoíris.
El discurso oficial de "energía limpia" oculta que este mineral alimenta la carrera armamentista global y los intereses imperiales
Ante este escenario de despojo, la organización de asambleas ambientales y trabajadores es la única fuerza capaz de frenar el saqueo.
Como enseñó el Chubutazo, la soberanía sobre el agua y los bienes comunes no se negocia; se defiende en las calles frente a gobiernos entreguistas.
