La Junta General Anual de Chevron del 27 de mayo de 2026 duró menos de 30 minutos y se convirtió en un acto guionado donde el CEO Mike Wirth leyó un libreto, respondió preguntas preseleccionadas y evitó cualquier debate de fondo. Mientras tanto, afuera, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y activistas climáticos se congregaban para denunciar décadas de abusos, contaminación y racismo ambiental. La reunión se produjo apenas dos semanas después de la Decimotercera movilización anual del Día contra Chevron en Richmond, California, donde comunidades de refinerías y pueblos originarios ya habían puesto el grito en el cielo.
Los accionistas forzaron la votación de dos resoluciones que ponían el dedo en la llaga. La primera, impulsada por las Hermanas Franciscanas de Allegany, exigía un informe sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas según la Declaración de la ONU, citando el caso de la Amazonía ecuatoriana, donde Texaco —absorbida por Chevron en 2001— dejó mil fosas de desechos tóxicos. La segunda, presentada por el Fideicomiso Lillian Levin, pedía una auditoría independiente sobre la debida diligencia en derechos humanos de Chevron en zonas de conflicto, incluyendo los territorios palestinos ocupados, donde un relator de la ONU señaló a la empresa en 2025. Ambas fueron rechazadas.
El director ejecutivo Mike Wirth ni siquiera mencionó la deuda de 50 mil millones de dólares que Chevron mantiene con comunidades de todo el mundo, ni el creciente movimiento de boicot internacional que suma adhesiones entre organizaciones climáticas, grupos religiosos, estudiantes y pueblos indígenas. “Chevron sigue operando como si las comunidades perjudicadas por su contaminación fueran prescindibles”, sentenció Paul Paz y Miño, subdirector de Amazon Watch. La resistencia, sin embargo, no para de crecer.
