La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que prohíbe aplicar embargos y otras medidas cautelares basadas únicamente en imágenes de satélite que detectan cambios en la vegetación. La iniciativa elimina un instrumento clave para que los organismos ambientales actúen contra la destrucción de la floresta.
Cada área de la sociedad evolucionó con la información, las imágenes satelitales y la inteligencia artificial. En la fiscalización ambiental no es diferente. Esa tecnología es una gran herramienta, no solo por el tamaño de la Amazonía brasileña, sino también por la escasa cantidad de servidores públicos en los órganos de control. Antes, cuando los inspectores recorrían las propiedades, los infractores dejaban una puntita de vegetación en el frente de los caminos para ocultar lo que hacían atrás. Eso que escondían quedó al descubierto desde 2004, en tiempo real, gracias a los satélites del Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE).
Desde 2016, la tala se monitorea a partir de tres hectáreas y la inteligencia artificial ya forma parte de un sistema que escanea remotamente el 90% de la Amazonía. La coordinación entre el INPE y el IBAMA, junto a otras acciones interministeriales, logró en 2025 una caída de más del 20% de la deforestación en Brasil. El sistema DETA del INPE cubre toda la Amazonía cada tres días y alerta a IBAMA y la Policía Federal para que actúen en el momento exacto en que la tala está ocurriendo.
Organizaciones ambientales advierten que eliminar el monitoreo satelital afectará tanto a los ecosistemas como a las poblaciones, y debilitará la capacidad del bosque de sostenerse. El oficialismo señaló que el proyecto aumenta los riesgos de ocupaciones irregulares, acaparamiento de tierras, minería ilegal y deforestación. La discusión ahora sigue en el Senado.
