La Cámara de Representantes de Michigan, controlada por el Partido Republicano, aprobó la semana pasada el proyecto HB 5727, que elimina el sistema de permisos de trabajo para menores de edad. La iniciativa, impulsada por el legislador Mike Hoadley, reemplaza la verificación estatal por un simple control que harían los propios empleadores. Básicamente, le piden a las corporaciones que se controlen solas.
La ley actual, conocida como Youth Employment Standards Act, data de 1978 y fue reforzada en 2024 después de que el New York Times destapara un escándalo de explotación infantil en Michigan. La investigación mostró casos como el de José Vásquez, un pibe de 13 años que laburaba turnos de 12 horas, o el de Hearthside Foods, que contrataba menores migrantes para fabricar Cheerios y Flamin' Hot Cheetos en horario nocturno. En ese momento, una ex empleada de la empresa contratista dijo que "a Hearthside no le importaba".
Los republicanos justifican el retroceso hablando de "trámites innecesarios". Pero los verdaderos impulsores del proyecto son claros: la Asociación de Constructores de Viviendas, la Cámara de Restaurantes, la Federación Nacional de Negocios Independientes y el lobby agrícola, todos donantes de las campañas de Hoadley. Del otro lado, la Liga por las Políticas Públicas de Michigan presentó datos contundentes: los estados con sistemas de permisos tienen 17% menos violaciones a las leyes laborales infantiles y 43% menos pibes involucrados en esas violaciones.
Entre 2020 y 2025, el Departamento de Trabajo de Michigan identificó más de 1.200 violaciones a la ley de menores. El proyecto también le saca a ese organismo la facultad de revocar permisos si un pibe está colgado en la escuela por laburar demasiado. La diputada demócrata Betsy Coffia denunció que la ley "saca las protecciones contra la explotación y el tráfico infantil". Su colega Phil Skaggs fue más filoso: "La esperanza no es supervisión, y la confianza ciega no es rendición de cuentas".
Michigan no es un caso aislado. Al menos 13 estados impulsan leyes similares. Arkansas, que ya eliminó sus protecciones, vio un aumento del 266% en violaciones laborales infantiles entre 2020 y 2024. El proyecto ahora va al Senado estatal, controlado por demócratas, donde se espera una feroz resistencia.
