Han pasado trece años desde que los taromenane, pueblo indígena en aislamiento voluntario de la Amazonía ecuatoriana, sufrieron una masacre que dejó al menos 30 muertos. Dos niñas de 7 y 3 años sobrevivieron aquel 30 de marzo de 2013, pero fueron arrancadas de su territorio, separadas por decisión del Gobierno y sometidas a un contacto forzado que marcó sus vidas para siempre. Hoy, el Estado ecuatoriano sigue sin ejecutar las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en marzo de 2025.
La mayor de las hermanas, conocida como Conta, vive en un barrio marginal de Coca con su marido y sus dos hijos, sin haber terminado la secundaria. La menor, cuya identidad se protege, creció en Dicaro, la comunidad waorani donde fue criada por la familia de uno de los perpetradores de la matanza. La Corte IDH declaró a Ecuador responsable por violar los derechos a la integridad, la identidad cultural, la protección de la familia y la vida de los pueblos aislados. Sin embargo, los plazos para cumplir las reparaciones vencieron en marzo de 2026 y, según fuentes del proceso, el Estado no ha cumplido.
Entre las medidas incumplidas están el diálogo con las hermanas para definir su proyecto de vida, la conformación de una Comisión Técnica para evaluar la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Tampoco se ha implementado la decisión de la consulta popular de 2023 de mantener el crudo del Bloque 43 en el subsuelo, pese a que la Corte vinculó la actividad petrolera con la amenaza a estos pueblos. El Ministerio de Gobierno aseguró que "ha avanzado" en algunas acciones, pero sin dar detalles concretos.
Expertas como Milagros Aguirre advierten que los tagaeri-taromenane enfrentan una inminente extinción. La actividad petrolera, los patrullajes insuficientes y la falta de voluntad política del Estado ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Mientras tanto, Conta y su hermana siguen esperando que la justicia no sea solo un fallo en un papel.
