El Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas lanzó una denuncia pública contra los tres niveles de gobierno por la represión sistemática que sufren comunidades enteras. El 12 de febrero de 2026, un operativo conjunto de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario irrumpió en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón. El saldo fue brutal: ocho familias desplazadas, dos integrantes detenidos —Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez—, casas destruidas y pertenencias robadas. Francisco Moreno sigue preso en la cárcel de Yajalón, mientras que María de Jesús debe firmar periódicamente ante las autoridades. Ocho personas más tienen órdenes de aprehensión.
En Ocosingo, 39 locatarios del mercado público tradicional Doctor Belisario Domínguez, integrantes del CNI Samir Flores Soberana, sufren un acoso constante. Con complicidad gubernamental, han padecido despojo de sus puestos de trabajo, destrucción de locales, construcción de barras metálicas que bloquean el acceso, humillaciones, amenazas y hasta secuestros que incluyen a niños y niñas. La Fiscalía General de Justicia del Estado fabrica delitos contra ellos. Llevan más de 300 días sin poder trabajar, sin ingresos para sus familias. Una de las afectadas es una mujer viuda, madre de seis hijos, enferma de cáncer, a quien le arrebataron su local.
En la comunidad de Agua Clara, municipio de Salto de Agua, diez familias del CNI llevan una década resistiendo. Con la llegada del mal llamado Tren Maya y la construcción de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, las amenazas se multiplicaron. Los cerros están siendo destruidos, los árboles talados, los ríos bajan su nivel y una carretera sacacosechas divide las parcelas comunitarias. El 23 de junio de 2026, grupos armados amenazaron con desalojar por la fuerza a una de las familias. Todo ocurre con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal.
En San Francisco, municipio de Teopisca, ingenieros del gobierno estatal informaron el 24 de marzo que por su territorio pasará una carretera de 60 metros de ancho. Llegaron con engaños, diciendo que las demás comunidades estaban de acuerdo. Mienten. Los campesinos y campesinas saben que esa vía solo beneficia a empresarios y al turismo, mientras destruye la tierra, los árboles, contamina el aire y aniquila la cultura y la paz comunitaria. No hubo consulta libre, previa e informada como exige el Convenio 169 de la OIT.
El CNI exige el cese inmediato del despojo, la libertad de Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la restitución de los locales del mercado y el respeto a la autonomía de los pueblos. La tierra no se vende, se ama y se defiende.
