El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto con el nombre de "inviolabilidad de la propiedad privada" que, según denuncia el historiador e investigador del CONICET Matías Oberlin, tiene como corazón la derogación de la ley de tierras sancionada en 2011. Esa norma fijó límites concretos a la extranjerización: un tope del 15% a nivel nacional, un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo, restricciones para que no sean de una sola nacionalidad y prohibiciones sobre tierras ribereñas o espejos de agua. El dato que pocos conocen es que hoy ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalentes a toda la provincia de Santa Fe o al territorio de Inglaterra.
Oberlin detalla que los principales poseedores son capitales estadounidenses (2,7 millones de hectáreas), italianos (cerca de 2 millones, con Benetton a la cabeza) y españoles. Entre esas tres nacionalidades concentran la mitad de las tierras extranjerizadas. Pero el problema se agrava cuando se hace zoom a nivel departamental: hay 36 departamentos, sobre todo en zonas de frontera, cordillera y la cuenca del Paraná, donde la extranjerización supera el 50%. En Lácar (Neuquén), General La Madrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), más de la mitad del territorio está en manos foráneas, lo que dispara los precios inmobiliarios y expulsa a las comunidades locales.
El investigador advierte que esto forma parte de un plan integral que denominan "estatuto legal del coloniaje", apoyado en cuatro pilares: el industricidio y el abaratamiento de la mano de obra (con más de 26.000 fábricas cerradas y una reforma laboral que retrotrae derechos previos a los años 40), la entrega sistemática de recursos naturales (derogación de la ley de glaciares, del relevamiento de comunidades indígenas y modificación de la ley de manejo del fuego), el RIGI como megacondón impositivo para corporaciones extractivistas, y la destrucción de capacidades estatales como el CONICET, las universidades y los parques nacionales. El gobierno intentó avanzar con esta derogación a través del DNU 70, frenado por un amparo de ex combatientes de Malvinas, y ahora lo reintroduce en un artículo escondido dentro de un proyecto de 40 páginas. Oberlin recuerda que con la ley vigente todavía quedan 26 millones de hectáreas extranjerizables, pero el problema es la presión sobre zonas críticas donde la soberanía ya está en jaque.
