La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) sacó un informe que pone el dedo en la llaga: el retiro del Salario Social Complementario (SSC), ese componente clave del extinto Potenciar Trabajo, no es un simple recorte de gasto público, sino una bomba de tiempo para más de 1,1 millones de personas en todo el país. La organización sostiene que la economía popular no es un fenómeno pasajero, sino una realidad estructural del mercado laboral argentino, y que sacarle el piso de ingresos a esa gente es dinamitar el tejido productivo, comunitario y cooperativo que se armó con mucho esfuerzo.
El informe recuerda que el SSC equivalía al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, pero quedó congelado en noviembre de 2023 en 78 mil pesos. Con la inflación galopante, perdió el 74% de su poder adquisitivo. Hoy, de los 1.131.159 titulares de los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo, 929.677 están en el programa Volver al Trabajo y 201.482 en el de Acompañamiento Social. El costo anual de mantener el ingreso es de poco más de un billón de pesos, una cifra que la UTEP considera marginal: apenas el 0,1% del PIB nominal argentino.
La investigación muestra que casi la mitad de las personas afectadas vive en la provincia de Buenos Aires, con más de 538 mil titulares, y que hay una fuerte presencia en provincias del Norte Grande como Tucumán, Salta, Chaco y Misiones, donde la informalidad laboral es moneda corriente. La UTEP advierte que el golpe no se siente solo en el bolsillo de quienes cobraban el SSC, sino que se derrama sobre las economías barriales enteras: almacenes, ferias, farmacias, kioscos y servicios de cercanía que dependen de ese flujo de plata para mantenerse a flote.
Frente a este panorama, la UTEP plantea cinco desafíos: reconocer laboralmente a la economía popular, recuperar el poder adquisitivo perdido, formalizar sin perder ingresos, mantener la unidad del sector y exigir políticas públicas de desarrollo productivo. La conclusión es clara: el ajuste no es un problema fiscal, es una decisión política que hunde a millones y desarma la organización comunitaria.
