El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó la semana pasada una cumbre con representantes de varios países para presentar un plan de combate al llamado terrorismo de extrema izquierda. La iniciativa del régimen Trump encendió todas las alertas entre los movimientos sociales de Brasil, que ven en esa declaración un ataque directo a la soberanía nacional y una puerta abierta a la criminalización de las organizaciones contestatarias.
"Nos preocupa el interés de otro país sobre nuestro territorio", advierten desde el movimiento de pequeños agricultores. "Esta declaración induce a la criminalización de movimientos y organizaciones. No permitimos esto, reivindicamos nuestra soberanía". El gobierno de Donald Trump ya había dado un paso preocupante al declarar como organizaciones terroristas a dos grupos de narcotraficantes brasileños, abriendo un precedente para una posible acción militar estadounidense en el país. Para los movimientos campesinos, históricamente criminalizados, este nuevo discurso es parte de una misma cartilla intervencionista que refuerza la violencia contra el campo.
Brasil vivirá elecciones generales en poco más de dos meses y el régimen Trump juega sus fichas a favor del candidato de la extrema derecha, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado por intento de golpe. Durante una convención partidaria, el presidente Lula da Silva, candidato a la reelección, lanzó un mensaje directo: invitó a quien quiera venir de cualquier parte del mundo a fiscalizar los comicios. "Si Marco Rubio quiere venir a apoyar a mi adversario, que venga, que monte su comité. Vamos a derrotar a todos en nombre de la defensa de la democracia", sentenció. América Latina, con Brasil, vuelve a pararse en la trinchera de la resistencia, con gobiernos progresistas y movimientos organizados frente al avance de la extrema derecha en la región.
