El Senado de la provincia de Santa Fe le dio media sanción a un proyecto de ley que apunta directo a los discursos de odio. La iniciativa, impulsada por Felipe Michlig junto con la Mesa de Diálogo Santafesino —un espacio que reúne a líderes religiosos católicos, evangélicos, islámicos y judíos—, propone declarar a la provincia como territorio libre de esas expresiones violentas y meter mano en el Código de Convivencia.
La definición es amplia y no deja grietas: se considera discurso de odio a toda expresión verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo. Las causales enumeradas incluyen raza, color, origen étnico o nacional, religión, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud y otras características personales. Una herramienta que apunta a cubrir un montón de violencias que suelen quedar impunes.
En lo punitivo, el texto mete un artículo 62 bis en el Código de Convivencia provincial. Las personas que incurran en esas conductas se exponen a una multa de hasta 60 jus, unos 8 millones de pesos. Pero ojo: la sanción económica se puede conmutar por un curso de abordaje interdisciplinario sobre discursos de odio, a cargo del Ministerio de Cultura. O sea, no es solo castigo, también hay una pata educativa.
El proyecto también incluye campañas de comunicación y sensibilización, con énfasis en los entornos digitales. Porque, como señaló el senador Francisco "Paco" Garibaldi, las agresiones ya no pasan solo en la calle: la violencia digital y el anonimato en redes generan daños psicológicos profundos y deterioran el tejido social. Garibaldi puso como ejemplo lo ocurrido durante el Mundial, cuando la pasión deportiva se convirtió en agresiones xenófobas y discriminación sistemática contra personas e instituciones.
Desde el 23 de junio el proyecto está en la comisión de Derechos y Garantías de Diputados, y le quedan por delante los análisis de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. La propuesta no avanza sobre la libertad de prensa ni sobre los debates legítimos, sino que pone un límite claro: el discurso de odio no busca discutir ideas, sino deshumanizar y violentar. En tiempos de redes que escupen veneno sin consecuencias, la ley viene a recordar que la convivencia democrática se defiende con límites y con derecho a la diferencia.
