El activista progresista colombiano Beto Coral, arrestado en junio en Phoenix, Arizona, por agentes federales, rompió el silencio tras su regreso a Bogotá. Su crimen: haber criticado al entonces candidato de ultraderecha y hoy presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aliado del presidente estadounidense. La detención, que duró un mes, no fue un capricho: un memorándum del secretario de Estado Marco Rubio, revelado por The New York Times, recomendó su deportación por apoyar al gobierno de Petro y socavar los intereses de la política exterior de EE. UU.
El relato de Coral es estremecedor. Los agentes lo esposaron frente a su hijo y su perro, sin mostrar orden ni leerle sus derechos. Trasladado de cárcel en cárcel —de Phoenix a Florence, El Paso, Omaha, Minneapolis, Alexandria y Jena—, el activista denunció golpes, falta de agua y comida, y más de 20 días en aislamiento. En una celda, encontró una cuerda alrededor de su desodorante, un montaje que, asegura, buscaba simular un suicidio. “El fascismo se alimenta del miedo”, sentenció.
Coral, quien llegó a EE. UU. en 2015 con visa de turista y una solicitud de asilo pendiente, decidió retirarla y regresar voluntariamente a Colombia el 16 de julio. “Estados Unidos es el lugar más peligroso para los inmigrantes en todo el mundo”, afirmó. Su padre, oficial que dirigió el operativo donde murió Pablo Escobar, murió en extrañas circunstancias; promesas de ayuda de la DEA nunca llegaron.
Hoy, con protección gubernamental y dos agentes armados a su lado, Coral vive con miedo por su vida y la de su familia, amenazados de muerte. “Todavía me siento detenido”, confesó. Su caso expone cómo un memorándum puede convertir la opinión política en un delito, y cómo el miedo se vuelve el combustible perfecto para el avance de la ultraderecha en la región.
