El gobierno de Estados Unidos emitió este jueves un nuevo paquete de medidas coercitivas contra Cuba, el décimo en lo que va de año. El golpe se dirige contra sectores estratégicos como la minería, el comercio exterior, la construcción y la metalurgia, con sanciones que alcanzan a empresas, personas naturales y hasta una institución de la sociedad civil.
La lista incluye a directivos del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP), la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero y Acinox Comercial. También figuran la gestora de comercio Coratur, Transimport, Consumimport y la agencia empleadora Acorec. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, justificó la ofensiva como parte de la iniciativa integral del régimen Trump para terminar con las "actividades malignas" de Cuba en el hemisferio.
Rubio, principal impulsor de la política de máxima presión contra la isla, sostuvo en su cuenta de X que Cuba usó "grupos pantalla" para infiltrarse entre los estadounidenses. Sus declaraciones repiten el tono de la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que amplía el carácter extraterritorial del bloqueo y obliga a terceros países a cortar lazos con la isla bajo amenaza de castigos. "Los bancos extranjeros deben cesar su apoyo", advirtió el secretario de Estado.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que estas medidas buscan deliberadamente impedir que el gobierno garantice servicios básicos a la población. La crisis humanitaria se profundiza: el bloqueo petrolero impuesto en enero provocó apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y más de 70 por ciento de faltante en fármacos esenciales. La isla aprobó nuevas reformas económicas, aunque Rubio insinúa que ninguna concesión será suficiente.
