El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, presidido por el republicano Bill Cassidy, abrió una investigación formal contra la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM). El motivo: haber permitido que su sede en Wilmington, California, albergara en mayo un acto público donde se debatió la política de Estados Unidos hacia Cuba. Una reunión legal, amparada por la Primera Enmienda, que ahora se presenta como un supuesto vínculo con el gobierno cubano.
Cassidy envió una carta al presidente de la IAM, Brian Bryant, exigiendo registros exhaustivos sobre las actividades del gremio. En su cruzada, acusó al sindicato de “coludirse con el régimen cubano asesino” y de usar las cuotas de sus afiliados para financiar “propaganda antiestadounidense”. Cargos sin pruebas, sostenidos únicamente por una retórica anticomunista que recicla los peores métodos de los años cincuenta.
El encuentro en cuestión, organizado por el comité LA Hands Off Cuba, reunió a unas cuarenta personas de forma presencial y otras tantas por Zoom. Allí se habló del bloqueo económico que durante más de seis décadas ha asfixiado al pueblo cubano, una política condenada año tras año por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participaron activistas que habían regresado de una gira de solidaridad por la isla y también intervino por videoconferencia David Ramírez Álvarez, funcionario de la embajada cubana, hecho que encendió la ira del senador.
La arremetida contra la IAM no es un caso aislado. Según el informe, los departamentos de Justicia y Tesoro investigan a 145 organizaciones consideradas “procubanas”, y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara emitió citaciones contra colectivos progresistas, entre ellos The People’s Forum. Todo indica que el objetivo real no es la “influencia extranjera”, sino amedrentar a cualquier sector que cuestione la política exterior imperial y defender los intereses de la clase capitalista.
Cassidy, con una carta de dieciocho preguntas, indaga desde el promedio de cuotas sindicales hasta si algún dirigente coordinó con organizaciones cubanas. También pregunta si los organizadores pagaron un “valor justo de mercado” por el uso del salón. La solidaridad internacional, valor histórico del movimiento obrero, se convierte así en delito. Pero la historia no se detiene: la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos sigue siendo un derecho constitucional.
