Los expertos en derechos humanos de la ONU condenaron las últimas medidas de Estados Unidos contra Cuba, denunciándolas como un intento de torcer el orden constitucional de un Estado soberano mediante la amenaza y la coacción. El pronunciamiento llega en un momento crítico para la isla, que enfrenta una crisis humanitaria cada vez más profunda.
Desde junio de 2026, Washington amplió las sanciones unilaterales contra sectores clave de la economía cubana. Las últimas medidas, anunciadas el 23 de julio, apuntan a las empresas energéticas, bloqueando la compra de combustible incluso para fines humanitarios. Cuba ya sufrió su tercer gran apagón nacional y los sectores de energía, transporte y riego están fallando, con un impacto brutal sobre mujeres, niños, ancianos y campesinos.
Los especialistas de la ONU pidieron a la comunidad internacional y a la sociedad civil actuar con rapidez para evitar que se produzca en la isla una "Gaza silenciosa", término que utilizaron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar el país. Los residuos sin recoger se acumulan en zonas de La Habana, lo que dispara el riesgo de enfermedades. Los organismos de Naciones Unidas en Cuba advirtieron sobre el creciente peligro de inseguridad alimentaria y la escasez de medicamentos, agravada por los colapsos de la red eléctrica que interrumpen los servicios sanitarios, incluido el tratamiento oncológico.
Los expertos fueron contundentes: los alimentos nunca deben usarse como instrumento de presión política, y las medidas que privan deliberadamente a una población de sus medios de subsistencia atentan contra el derecho a la vida y la dignidad humana. También señalaron que el informe del Departamento de Estado del 20 de julio, que describe a Cuba como una amenaza para la seguridad del hemisferio, no aporta pruebas concretas de apoyo al terrorismo o actividades subversivas, y que solo consideraciones políticas e ideológicas justifican el mantenimiento de estas medidas.
Las sanciones, recordaron, contravienen la Carta de las Naciones Unidas y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen. El gobierno de EE. UU. debe revocar todas las medidas contrarias al derecho internacional, y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían tratar estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales. La comunidad internacional observa con preocupación mientras la crisis humanitaria en la isla no deja de agravarse.
