Cremonte explicó que la denuncia se sustenta en la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados parte a legislar en materia de derecho social de manera progresiva. "Una vez que un derecho es reconocido, no puede luego retrocederse", señaló, y agregó que el hecho de que la CIDH haya concedido la audiencia y convocado al Estado argentino demuestra preocupación por la situación.
Durante la audiencia, el Estado argentino debió responder a los planteos. Según Cremonte, las respuestas fueron "muy débiles" e "hicieron agua", dado que resulta difícil fundamentar que la reforma laboral no violenta la Convención cuando implica la pérdida de derechos en cada uno de sus artículos. La propia Comisión realizó preguntas direccionadas: indagó si el gobierno había realizado estudios que sustenten la afirmación de que la reforma mejoraría el empleo registrado y si hubo consultas a organizaciones sindicales. Las respuestas fueron negativas.
Un momento destacado fue la intervención de la Secretaria General de la CIDH, quien señaló que escuchaba afirmaciones económicas pero no dónde quedaban las personas y la protección de su vida y trabajo. También se abordó la derogación del estatuto del periodista, que afecta no solo derechos laborales sino la libertad de expresión, y se vinculó con la represión y criminalización de la protesta, mencionando el caso del periodista Pablo Grillo.
Cremonte destacó que la legislación argentina fue históricamente una referencia en materia de derechos laborales en la región, pero advirtió que ahora se avanza hacia un esquema donde no solo no se cumplen los derechos sino que se eliminan formalmente. Señaló que las consecuencias de la política económica del gobierno son claras: cerraron 28 mil empresas y se perdieron 380 mil puestos de trabajo.
Sobre los pasos a seguir, explicó que ambas partes se comprometieron a enviar información ampliatoria y que la Comisión deberá emitir un dictamen. Desde la denuncia, pidieron que el relator especial en derechos económicos, sociales y culturales visite el país para reunirse con organizaciones y constatar la situación de primera mano.
Respecto a las expectativas en el ámbito judicial, Cremonte fue cauto. Sostuvo que el procedimiento laboral ya fue modificado, con efectos visibles como el pago de indemnizaciones en cuotas, pero señaló que una Corte Suprema integrada por solo tres miembros designados por decreto genera pocas expectativas de que la política regresiva encuentre un freno. "No son muchas las expectativas desde ese punto de vista", concluyó.
