Varios centenares de manifestantes se concentraron el viernes en Puerta de Tierra, San Juan, para repudiar una recaudación de fondos de la gobernadora Jenniffer González en plena crisis de agua. El piquete, convocado por organizaciones sociales y sindicales, bloqueó el acceso al Viejo San Juan hasta pasadas las 8 de la noche, a pesar de la intervención de la Fuerza de Choque que agredió a los presentes. Los registros del evento coinciden en que la protesta no se detuvo y logró afectar la actividad oficial.
El mensaje central apuntó a que el racionamiento no es solo culpa de la sequía, sino de la mala administración, la corrupción y la privatización en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ricardo Santos Ortiz, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadorxs, insistió en que los fondos deben asignarse a la AAA y denunció que los bajos salarios y la contratación de empresas privadas para emergencias dejan nulo el mantenimiento del sistema. Jocelyn Velázquez, de Jornada Se Acabaron las Promesas, anunció que el 31 de agosto, cuando se cumplen 10 años de la Junta de Control Fiscal, darán continuidad a las protestas.
La crisis golpea también a las escuelas. Una carta anónima publicada por Bandera Roja denuncia que la Escuela Secundaria Vocacional Petra Zenón de Fabery, en Trujillo Alto, no tiene cisterna y usa recipientes improvisados con bolsas plásticas para almacenar agua en los baños, con una sola conserje para toda la institución. La misiva acusa a la directora ocupacional, Denisse Rodríguez, de hostigamiento y maltrato hacia docentes, incluyendo gritos e insultos contra la directora académica, María de los Ángeles O’Farrell. El documento exige una investigación formal al secretario de Educación y señala que el director regional, Jorge Santiago, está al tanto pero mantiene amenazada a la comunidad escolar.
La falta de agua expone así un patrón: la emergencia se administra con represión en la calle y silencio burocrático en los planteles.
