El desalojo forzoso de la comunidad El Tulito, en Choluteca, sur de Honduras, encendió una alerta internacional y aceleró un proceso político sin precedentes contra los legisladores que aprobaron la ley que lo habilitó. Mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras recordó que estos procedimientos deben respetar el debido proceso y los estándares internacionales, el Congreso Nacional recibió una solicitud formal de juicio político contra su presidente, Tomás Zambrano, y los diputados firmantes de la normativa.
La petición de destitución ciudadana, impulsada por organizaciones campesinas, indígenas y garífunas, fue entregada con más de 14.000 firmas. El pleno decidió enviar las planillas al Registro Nacional de las Personas (RNP) para verificar las huellas dactilares en un plazo de diez días, un paso técnico previo a cualquier votación sobre la admisión del recurso. La denuncia acusa a los legisladores de actuar contra la Constitución y el interés nacional, legislando en beneficio de sectores privilegiados.
El caso de El Tulito es el segundo documentado donde se aplica el Decreto 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Abogados consultados señalan que la normativa vulnera garantías fundamentales. El artículo 6, que ordena la actuación inmediata de la fiscalía y la policía ante denuncias de ocupación, es uno de los más cuestionados por privilegiar la vía penal y la fuerza sin notificación previa. Según la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, antes de esta ley, seis solicitudes de desalojo similares habían sido rechazadas por falta de precisión sobre los terrenos.
Zambrano restó peso a la acusación al argumentar una "manipulación de gente de izquierda que está en contra del orden". Sin embargo, el marco legal es claro: la Relatoría Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada establece que los desalojos solo proceden como último recurso, tras agotar alternativas y garantizar consulta y defensa. La respuesta del oficialismo no aborda el fondo del señalamiento: que la ley promueve desalojos masivos y desconoce los conflictos históricos por la tierra. Si la verificación de firmas prospera, el pleno deberá debatir la admisión del juicio, un escenario que expone la contradicción entre una legislación exprés para el agro y las obligaciones internacionales que Honduras firmó.
