La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y vecinos de Comodoro Rivadavia presentaron una acción de amparo ambiental colectivo contra el Estado Nacional, YPF y la Provincia del Chubut. Buscan declarar nulo el acuerdo firmado el 26 de junio de 2026, que permite a YPF retirarse de seis áreas hidrocarburíferas sin pagar por el daño de más de un siglo de explotación. La demanda incluye una medida cautelar para suspender los efectos del pacto.
El corazón del conflicto es la "liberación de responsabilidad". Por el Acta Acuerdo, la Provincia exime a YPF de manera total e irrevocable por los pasivos ambientales y asume reclamos futuros. Para los demandantes, esto choca con el principio básico del régimen ambiental argentino: quien ensucia, paga. El acuerdo, aprobado por la Legislatura provincial mediante la Ley XVII N° 166, establece una contraprestación de USD 25 millones y la donación de vehículos y terrenos. Los ambientalistas sostienen que esa cifra es una ficción, porque aún se desconoce el costo real de la reparación. La demanda estima que solo el sellado de pozos abandonados en el ejido de Comodoro Rivadavia podría costar entre USD 240 y 740 millones.
La situación se agrava con el área Restinga Alí, incluida por una cláusula adicional. Allí hay 560 pozos: 364 figuran como abandonados y 196 no registran estado alguno. Parte de esa infraestructura está en el frente marítimo, poniendo en riesgo el Mar Argentino. El escrito denuncia que el acuerdo se negoció sin participación ciudadana ni intervención del Municipio, violando la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La Justicia deberá determinar, con pericias independientes, quién responde por esta deuda material que atraviesa el suelo, la costa y la vida de la ciudad.
