Las primeras señales de petróleo en la Foz del Amazonas ponen a Brasil frente a una nueva frontera de explotación offshore, pero el optimismo inicial choca con un cronograma que puede estirarse hasta diez años. La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, mencionó un plazo de siete años, aunque especialistas como Suely Araújo, del Observatorio del Clima, calculan que entre confirmar la viabilidad del bloque 59 y la producción efectiva podrían pasar hasta diez años, contando licencias, planificación y fabricación de equipos.
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) tendrá la última palabra, y no será un trámite sencillo. La protección del Gran Sistema Recifal Amazónico, los mangueces y las comunidades tradicionales son ejes centrales que el organismo deberá contemplar. Araújo espera que el órgano sea riguroso, mientras que Cibele Vieira, de la Federación Única de Petroleros (FUP), defiende la capacidad técnica de Petrobras en aguas profundas, aunque admite que ningún emprendimiento está exento de accidentes.
La urgencia tiene una razón de fondo: el pré-sal entrará en declive hacia 2030 y, sin nuevas reservas, el país podría importar casi la mitad de su consumo para 2040 o 2045. Para Vieira, esta explotación es parte de un camino más amplio hacia la transición energética, que incluye volver menos contaminante el combustible fósil.
El Ministerio Público Federal ya pidió explicaciones al Ibama por la intención de Petrobras de perforar tres pozos adicionales sin una nueva licencia, advirtiendo que esa vía desconoce impactos acumulativos. Araújo suma otra preocupación: la base hidrodinámica usada para la licencia de 2025 no fue actualizada, un dato clave para modelar la dispersión de un eventual derrame. La sombra de la nueva Ley General de Licenciamiento, cuestionada en la Corte Suprema y señalada como un retroceso histórico, también preocupa a los ambientalistas.
