En el norte argentino, la contradicción estalla con furia: en Salta, comunidades indígenas sufren un doble atropello que revela la trama del poder local. Por un lado, el desalojo violento de 17 familias de la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, en Cachi, ejecutado por orden de la jueza María Fernanda Díaz tras la denuncia de la funcionaria judicial Florencia Wayar. Por el otro, la Legislatura provincial cedió nueve hectáreas de la reserva hídrica estratégica Fincas Las Costas al club Tigres Rugby, donde viven familias de la comunidad Lule. La contradicción es política: el 10 de diciembre de 2024, el gobierno de Javier Milei derogó por decreto la Ley 26.160 que amparaba a los pueblos originarios.
“Salta es un feudo”, resume la abogada Mara Puntano. El poder, dice, sigue en manos de unas pocas familias que vienen desde la conquista española, y que tejen sus riquezas sobre el saqueo. El hilo conductor de ambos desalojos es el negocio inmobiliario denominado Proyecto Norte, que busca avanzar en la zona. La comunidad Lule sostiene que el gobernador Gustavo Sáenz entrega las tierras por 25 años, despojando a las familias de sus zonas de pastoreo ancestrales. La funcionaria Wayar, denunciante en Las Pailas, asegura que esas tierras nunca fueron de la comunidad; los documentos de Las Pailas registran a los mismos poseedores desde 1880.
El conflicto se extiende como una mancha. En la Puna, comunidades coyas y atacamas resisten a transnacionales como Cofco, Río Tinto y Eramine. En San Antonio de los Cobres, la comunidad Coya logró echar a la minera AngloGold Ashanti tras semanas de resistencia. En el Chaco Salteño, los desmontes masivos aprueban un genocidio silencioso: niños menores de dos años mueren por falta de alimento, medicamento y materia prima. En Rivadavia, Eduardo Elsztain, aliado de Milei, posee 239.000 hectáreas y ya desmontó más de 120.000. “Salta siempre viola los derechos de los pueblos originarios. Ni siquiera se necesitó la ley de extranjerización de la tierra, acá ya se da de hecho”, denuncia Puntano. La barbarie, como siempre, no necesita ley: se ejerce con el peso del Estado.
