La esclavitud no es un capítulo cerrado. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial lo dijo con todas las letras: sus efectos continúan vivos en forma de desigualdad sistémica y racismo. El organismo, que celebraba el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, salió al cruce de quienes pretenden usar el paso de los años como excusa para no reconocer esas injusticias históricas ni asumir las consecuencias.
No se trata de un pedido simbólico. Los 18 expertos independientes que integran el comité reclaman una justicia reparadora integral que combine indemnizaciones, restitución, rehabilitación y reformas estructurales. La eliminación de la discriminación racial, sostienen, no puede ser efectiva si no se examinan y reparan los daños persistentes de la trata de africanos esclavizados. Las disculpas, advierten, no alcanzan: deben ir acompañadas de medidas concretas.
La mirada del comité apunta también a los actores privados que participaron, facilitaron o se beneficiaron de aquella maquinaria de horror. Organizaciones religiosas, universidades, empresas, bancos y aseguradoras deberían contribuir a la reparación de manera proporcional a su grado de implicancia. La exigencia de abrir archivos históricos sugiere que todavía hay mucho por saber y mucho por reconocer, incluso en instituciones que hoy se presentan como respetables.
La violencia racializada, los estereotipos y las barreras estructurales en educación, salud y movilidad económica son la prueba de que aquel sistema no murió del todo. Se transformó, se adaptó y sigue operando en políticas que perpetúan el racismo contra las personas negras. Los expertos piden planes nacionales con plazos concretos, elaborados junto a las comunidades afectadas, y la derogación de leyes que obstaculizan la justicia reparadora.
El llamado de la ONU no es nostalgia ni culpa vacía. Es el reconocimiento de que las heridas de la historia se pagan en el presente, y que la justicia, para ser tal, tiene que mirar hacia atrás y hacia adelante. La reparación no borra lo ocurrido, pero abre la posibilidad de que las instituciones dejen de perpetuar aquello que dicen condenar.
