La historia del caucho en la Amazonía peruana no es un capítulo cerrado: es la herida fundacional de un modelo que, ayer con la siringa y hoy con el petróleo o los proyectos viales, sigue tratando los territorios indígenas como depósitos de riqueza para otros. Entre 1880 y 1920 murieron unos treinta mil indígenas, según documentaron el ingeniero Walter Hardenburg y el antropólogo George P. Murdock, en un patrón de esclavitud, torturas y violaciones sostenido por intereses económicos que permitieron al empresario Julio César Arana actuar con impunidad. Las denuncias del periodista Benjamín Saldaña, que pagó con el exilio y la muerte, y el informe del juez Rómulo Paredes, con doscientas treinta órdenes de captión nunca ejecutadas, quedaron como testimonio de una justicia doblegada ante el poder.
Ese pasado no es un museo para el Colectivo Tsɨuni, fundado en octubre de 2025 por descendientes de los pueblos Huitoto, Bora y Ocaina. Presentaron una demanda contra el Estado peruano pidiendo una Comisión de la Verdad, con audiencia prevista para octubre de 2026. Patrick Murayari Wesember carga en su apellido la marca del abuso: un alemán violó a su bisabuela. "Lo que quiero es que se diga la verdad, que se violaron a las mujeres, que mataron a nuestros abuelos, que se diga que hubo un genocidio", reclama. Voces como la de Jeferson Butrón Ríos, del pueblo Maijuna, o Katy Ordoñez Tamani, del pueblo Kukama, señalan que el extractivismo cambia de rostro: la amenaza ahora es el proyecto vial Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho o el trasvase de aguas del río Marañón.
Radio Ucamara reunió en febrero de 2026 más de sesenta testimonios de sobrevivientes que lloraron al recordar lo que sus abuelos callaron. Michell Paredes Ríos, estudiante de antropología del pueblo Murui, lo resume: "Si la verdad se aclara, estas personas deberían recibir algún tipo de reparación porque aún existe mucha discriminación". Maruja Medínez, del pueblo Maijuna, explica que buscan formar nuevos liderazgos juveniles. Cuatro relatores de las Naciones Unidas respaldan esta necesidad y en noviembre de 2025 enviaron un comunicado al Estado peruano. La demanda no es un lamento: es la exigencia de que una verdad conocida se vuelva oficial, y de que los sobrevivientes dejen de ser objetos de estudio para convertirse en titulares del derecho a la memoria y la reparación.
