La primera ley de desalinización de Chile, promulgada en mayo de 2026, ordena un sector que crecía con normas dispersas. Crea una concesión especial, una Estrategia Nacional y nuevas funciones para la Dirección General de Aguas. Pero dejó hasta 18 meses para dictar los reglamentos y definir cómo se elaborará esa estrategia. La minería empuja el cambio: el agua de mar pasará de un 40.7 por ciento del consumo hídrico del sector en 2024 a un 67.6 por ciento en 2034, según Cochilco. Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó 23 proyectos mineros por 3275 millones de dólares, frente a 13 iniciativas en el mismo período del año anterior.
Las científicas consultadas por Mongabay Latam valoran el avance regulatorio, pero advierten vacíos ambientales. Daniela Rivera, de la Universidad Católica, señala que la ley no fija límites de salinidad para las descargas de salmuera ni una lista de contaminantes. El Ministerio del Medio Ambiente podrá dictar una norma de emisión, pero no está obligado. La oceanógrafa Laura Farías resume la tensión: la normativa tiene buenas perspectivas para el cambio climático, pero no tiene una mirada desde el mar. El primer impacto ocurre antes de la descarga, cuando la captación succiona fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas.
María José Díaz Aguirre, bióloga marina, estudió plantas del norte y observó que cerca de los emisarios disminuyen organismos sésiles y cambia la composición de la biodiversidad. Pamela Poo, de Fundación Ecosur, apunta al análisis caso a caso, que impide ver los impactos sinérgicos. En bahías donde conviven puertos, acuicultura y pesca artesanal, la pregunta es cuántas desalinizadoras soporta realmente el borde costero.
