La causa COMARSA, que investiga los negociados y la contaminación por residuos petroleros de Vaca Muerta, atraviesa un momento crítico. La Asociación de Abogados Ambientalistas denunció en diciembre de 2020 un esquema de fraude, usurpación y contaminación que compromete a la empresa, a las generadoras de desechos y a funcionarios provinciales y municipales. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia neuquino debe definir si el caso llega a debate oral o si los imputados acceden a la suspensión del juicio a prueba.
El abogado Rafael Colombo, querellante junto a la APDH de Neuquén, explicó que la empresa recibía residuos del fracking sin tratarlos y los acumulaba a cielo abierto en tierras públicas del Parque Industrial de la capital neuquina. El predio concentra más de 300.000 metros cúbicos de desechos con metales pesados y compuestos potencialmente cancerígenos. La firma operaba con habilitación provincial desde 2009, pero la investigación abarca de 2013 a la actualidad. La denuncia original incluyó contaminación y defraudación, y apuntó contra las corporaciones generadoras de residuos peligrosos y contra los funcionarios que debieron controlar la actividad.
El caso tuvo un giro escandaloso cuando el juez de garantías Luca Giancarelli otorgó la probation a principios de año. Las querellas y la fiscalía impugnaron y lograron que un tribunal de apelaciones les diera la razón, al considerar que la resolución carecía de fundamento lógico. Durante la audiencia, el magistrado confundió a los imputados y mostró desconocimiento del expediente. El artículo 107 del código procesal penal local establece que el juez debe atenerse a la oposición fundada del fiscal.
Un allanamiento en el domicilio de uno de los acusados permitió secuestrar un cuaderno manuscrito que compromete a los empresarios. El peritaje contable reveló maniobras de simulación, fideicomisos y sociedades para vaciar la empresa y entorpecer la investigación. También aparecieron referencias a contactos con actores políticos de peso en Neuquén. Los imputados retiraron los fondos de las cuentas embargadas, dejando a la empresa sin recursos y agrandando el pasivo ambiental que sigue sin saneamiento.
La decisión del Superior Tribunal marcará un precedente sobre cómo se juzgan los delitos ambientales de los poderosos. Si prospera la probation, la causa quedaría congelada y la ciudadanía no podrá conocer en debate público la prueba acumulada en más de seis años. La relocalización de residuos hacia Añelo no implica un tratamiento efectivo, sino un simple traslado del problema.
