El gobierno de Bolivia quiere cobrar por el aire limpio de sus bosques antes de aprender a cuidarlos. Desde agosto del año pasado, cuando se cayó el artículo de la Ley de la Madre Tierra que prohibía mercantilizar la naturaleza, se destrabó el camino para los bonos de carbono. Ahora, el Viceministerio de Medio Ambiente empuja un proyecto de ley para ordenar ese mercado, y el presidente Paz sueña con juntar entre quince mil y veinticinco mil millones de dólares en veinticinco años certificando unas veinte millones de hectáreas. Hasta las Fuerzas Armadas tendrían su parte, con la misión de cuidar los reservorios naturales.
Pero los que miran desde el surco ven otra cosa. Stasiek Czaplicki, economista ambiental, dice que el país entra a este negocio sin regulación clara, sin salvaguardas, sin consulta previa que valga y con una capacidad institucional que no alcanza ni para apagar un incendio. Miguel Vargas, abogado que conoce las tierras bajas, recuerda que el veinte por ciento de los bosques bolivianos está en territorios indígenas, y que ahí las empresas intermediarias ya andan negociando contratos al margen de toda ley. El mercado, dice, ya se movía ilegal antes de 2024.
El viceministro Jorge Ávila admite que van rezagados unos veinte años, pero insiste en avanzar. La tierra, mientras tanto, sigue esperando que alguien le pregunte si quiere ser moneda.
