El 3 de enero Venezuela amaneció herida. No con bombas y con con botas que pisaron fuerte sobre la soberanía. Elías Jaua, excanciller, lo cuenta en entrevista radial a La 36 de Montevideo, desde los llanos, bajo un palo de agua, mientras se moviliza hacia asambleas en el occidente del país. Dice que lo que ocurrió fue una invasión, una agresión militar que sometió a la patria a una tutela política, económica y financiera. Y que desde entonces, la nación camina con la independencia perdida, como quien pierde la sombra y no sabe dónde ampararse.
El último golpe, dice, es un acuerdo anunciado desde la Casa Blanca. Un texto que nadie conoce, que no pasó por la Asamblea Nacional, que no fue debatido ni aprobado por los representantes del pueblo. Jaua lo dice claro: lo que se desprende de ese anuncio viola abiertamente la Constitución. Se entregan 65 mil millones de barriles y 17 campos petroleros a una empresa privada, cuyo treinta por ciento pertenece al Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El artículo 310 de la Constitución, que reserva al Estado la administración de la industria petrolera, queda pisoteado. Una privatización de facto, sin consulta, sin permiso, sin vergüenza.
Y no termina ahí. Los recursos que supuestamente irían al Estado venezolano seguirán siendo administrados por el Departamento del Tesoro. Los impuestos, las regalías, todo pasa por manos ajenas. Y si surge alguna diferencia, los tribunales estadounidenses serán los que decidan. Jaua recuerda que la Constitución manda que los acuerdos de interés público solo pueden ser resueltos por tribunales venezolanos o instancias de arbitraje que las partes acepten, jamás un tribunal extranjero. Además, dice, se viola la Convención de Viena de 1969, que establece que ningún Estado puede ser coaccionado por la amenaza o el uso de la fuerza para firmar un tratado. Un acuerdo firmado bajo coacción es nulo de toda nulidad. Y esto, sostiene, fue firmado bajo la sombra de la invasión.
Jaua no duda en nombrar las cosas por su nombre: esto es un robo. Un acto de pillaje contra una nación entera. Y aclara que esos 65 mil millones de barriles no son cualquier reserva: son las inmediatamente recuperables, las que pueden extraerse con la tecnología actual. El resto, dice, no puede sacarse de manera tan directa. Así que lo que se llevan es lo mejor, lo más accesible, lo que deja la tierra lista para el desierto.
Cuenta que esta historia ya se vivió. Que entre 1914 y 1940 los Estados Unidos controlaron el petróleo venezolano y lo que quedó fue miseria, enfermedades, pobreza absoluta. Recién en 1943 el Estado comenzó a recuperar algo de soberanía, hasta que en 1976 llegó la nacionalización y en 1999 la Constitución la consagró. Con eso, dice, el pueblo pudo empezar a caminar. Ahora, con este acuerdo, lo que viene son enclaves extractivos, destrucción ambiental sin límite, un daño que no se mide solo en dinero sino en tierra arrasada y memoria perdida.
Pero la respuesta, asegura, ya se está organizando. Hay asambleas, reuniones, corrientes patrióticas que trascienden al chavismo. Hasta sectores de la derecha tradicional están alarmados. Se está creando una cohesión nacional para denunciar el despojo y buscar formas de lucha que devuelvan la independencia y el patrimonio. Jaua reconoce que es una lucha de mediano plazo, compleja, contra una élite bárbara que se ha dueñado de los Estados Unidos. No se trata de acciones desesperadas, dice, sino de acumular fuerza, crear poder popular y poder nacional para emprender la recuperación de la república. La lucha recién comienza. Y él, desde la llanura, bajo el agua, ya está en camino.
