En Ginebra, durante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, representantes de La Vía Campesina de América Latina, África y Europa pusieron sobre la mesa una cifra que duele: el 75 por ciento de los cultivos que sostienen la alimentación mundial se concentra en apenas 12 especies. Lo dijo Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI Somos Tierra, al denunciar la presión de empresas transnacionales para controlar las semillas y las reformas legales que castigan a quien guarda, intercambia o reproduce.
La advertencia no es abstracta. En los últimos 30 años, según Montón, la prohibición y criminalización del uso propio de semillas provocó la pérdida de miles de especies y variedades agrícolas. Esa reducción vuelve más frágiles los sistemas productivos frente al cambio climático y agrava la pobreza en el campo. El artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada en 2018, reconoce esas prácticas. Ocho años después, su implementación sigue pendiente.
Isabel Vilalba Seivane, del Sindicato Labrego Galego y la Coordinadora Europea Vía Campesina, apuntó contra la aprobación de normativas sobre Nuevas Técnicas Genómicas y la expansión de patentes. Señaló que los acuerdos de libre comercio exportan regulaciones restrictivas fuera de Europa. Las semillas tradicionales, dijo, representan más del 80 por ciento de la biodiversidad agrícola y son las mujeres agricultoras sus principales guardianas.
Desde Zimbabue, Elizabeth Mpofu lo resumió sin vueltas: las semillas no son insumos. Son alimento, cultura y soberanía. Pidió renovar el mandato del Grupo de Trabajo de la UNDROP, único mecanismo que aborda los derechos campesinos de forma integral. Ningún otro espacio de la ONU reúne esas demandas. La decisión sigue en manos de los Estados.
